miércoles, noviembre 27, 2024

CIDH condena la inhabilitación de María Corina Machado

Según el organismo internacional, al inhabilitar a reconocidos dirigentes opositores “se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que este ha jugado un rol significativo en la represión”

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes 30 de enero las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de “regímenes autoritarios”, por lo que instó al gobierno de Nicolás Maduro a reconstruir la democracia.

El organismo se refirió entre otras personas a María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), recordando que el pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.

Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición “se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que este ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno”.

En su opinión, aseguraron que “se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

La Administración de Maduro denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.

“Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”, explicó la CIDH, subrayando que “en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad”.

En Venezuela, añadió, “es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público”, y también se deben adoptar “con urgencia” medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.

Aseguró que solo así se podrá “reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas”, concluyó la organización.

Fuente: EFE

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