La oenegé Justicia Encuentro y Perdón denunció la desaparición de Miranda Díaz San Miguel, hija de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel, además, de dos hermanos de la también abogada y otras dos personas cercanas a ella.
San Miguel, presidenta de la de la organización Control Ciudadano, fue detenida la noche del pasado sábado 10 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.
Pese a que su aprehensión fue confirmada por el fiscal general Tarek William Saab se desconoce su paradero ni qué cuerpo de seguridad la custodia. Fue vinculada al caso “Brazalete blanco”, una de las supuestas cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“Denunciamos la desaparición de Miranda Díaz San Miguel, hija de la doctora Rocío San Miguel. Además, dos hermanos de la doctora y dos personas cercanas a ella también han desaparecido. Esta situación representa una grave violación de sus derechos fundamentales y muestra un ensañamiento particular hacia su familia. ¡Exigimos el cese de la persecución!», escribió la ONG Justicia Encuentro y Perdón en la red social X (antes Twitter) este 12 de febrero.
El equipo legal de Rocío San Miguel también denunció la desaparición forzada de cinco parientes de la activista.
Sus abogados indicaron que los desaparecidos son Miranda Diaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano), Victor Díaz Paruta (padre de Miranda) y Alejandro González Canales, (familiar).
El equipo de la activista aseveró que en los organismos de seguridad del Estado no hay respuesta ni del paradero de San Miguel, ni de sus parientes.
El abogado Juan González Taguarico informó que este 12 de febrero, “a tres días de la detención arbitraria y desaparición forzada de la también presidenta de la ONG Control Ciudadano”, se entregó un hábeas corpus y ha sido distribuido ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Haydée Cecilia Oliveros.
La acción procesal, explicó, permite solicitar la libertad plena y seguridad personal de la activista, “ante la gravedad de las irregularidades que se presentan en su caso”. Exigió al mencionado juzgado dar respuestas “con la celeridad que requiere el caso y establecen las normas del Estado de Derecho y el debido proceso establecido en las leyes”.
Fuente: Tal Cual.
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noviembre 2, 2024
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