Revelan que 28 % de las leyes aprobadas en 2023 no están en Gaceta

Varias leyes que aprobó la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 el año pasado quedaron en el limbo, pues no han sido publicadas aún en la Gaceta Oficial y, por consiguiente, no han entrado en vigor ni se puede exigir su cumplimiento a las autoridades ni a los ciudadanos.

Así lo reveló Acceso a la Justicia tras realizar una revisión de la lista de texto. Este análisis muestra que de 14 leyes aprobadas, cuatro de ellas (28,57 %) no han sido sometidas al último trámite para considerar que en realidad están vigentes.

De las normas sancionadas el año pasado y no publicadas en Gaceta Oficial están la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual.

Hasta el momento no se ha informado si Nicolás Maduro vetó parcial o totalmente alguno de los instrumentos, o si por el contrario los promulgó (para lo cual tiene 10 días a partir de su recepción), pero por alguna causa no han sido enviados al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo) para su publicación en el diario oficial del Estado, o si los recibió se desconocen las razones por las cuales estas Gacetas no son públicas.

Solo en el caso de la Ley aprobatoria sobre inversiones entre Venezuela y Turquía, queda a discreción del Ejecutivo el momento de su promulgación, explicó la oenegé. Esto en base a lo establecido en el artículo 217 de la Constitución.

“Los retrasos en la publicación de las leyes que el Parlamento sanciona se registran desde hace años, y aunque en 2023 el número de normas de las que se perdió la pista tras ser aprobadas por los diputados fue menor al registrado en el período previo, cuando ocho de esos instrumentos jurídicos corrieron esta misma suerte, lo cierto es que esta práctica y sus peligrosos efectos se mantienen vigentes”, sentenció Acceso a la Justicia.

Esta situación, según la organización, refuerza “la indefensión e inseguridad jurídica en la que se encuentran” los ciudadanos. “Esto es otro ejemplo de la ruptura institucional en Venezuela, causa de la emergencia humanitaria compleja que afecta al país”.