La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este lunes 20 de mayo en el que pidió a las autoridades de Venezuela a combatir la impunidad por violaciones a Derechos Humanos que se han registrado en el país, luego de haber realizado “cierta apertura” a la cooperación internacional en la materia.
De acuerdo al texto, la CIDH hace énfasis en que dichos esfuerzos sean positivos, primero debe haber una reconstrucción por parte del Estado de lo que es la separación e independencia de los poderes públicos.
Recordó que tanto la apertura de una oficina en Caracas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como la invitación sobre la mesa para que los integrantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. regresen a Caracas, debe estar acompañada de un compromiso “real y serio” por parte de las autoridades venezolanas en la lucha contra la impunidad.
“De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6 %; y en el 52,5 % de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial”, dice el comunicado de la CIDH.
Para esta instancia, el desafío principal para luchar contra este flagelo radica en la usurpación de funciones por parte del Ejecutivo del Poder Judicial y el Ministerio Público; hecho que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la CIDH y otros organismos cuando se han registrado nombramientos irregulares de magistrados, presiones para el cierre de casos, un alto número de jueces provisionales, cambio recurrente de fiscales, falta de control judicial y transparencia.
“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, señala la instancia interamericana.
Denuncia del caso Baduel
El comunicado de la Comisión se registra el mismo día en que Andreina Baduel denunció la prohibición de visitar a su hermano, el preso político Josnars Adolfo Baduel, tras señalar las graves condiciones de reclusión dentro de la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I, en el estado Miranda.
Baduel afirmó en sus redes sociales que las autoridades de la cárcel justificaron su decisión «porque supuestamente al denunciar las violaciones de DDHH y las condiciones a las que está siendo sometido en el Rodeo I, estoy ‘incitando al odio’”.
Los familiares de presos políticos trasladados a la cárcel de El Rodeo I han denunciado que ninguno de los presos comparte celda, que son de 2×2 metros con una litera, una colchoneta fina y una letrina. También se les prohíbe tener contacto entre ellos. La alimentación es restringida, no tienen agua de forma regular, tampoco cuentan con luz eléctrica o reciben luz directa del sol.
El trato a los familiares durante las visitas es calificado por ellos como “degradante”. Se les somete a requisas exhaustivas y se les encapucha hasta llegar al lugar de la visita, donde apenas cuentan con 1o o 15 minutos y no pueden hablar de cuestiones que los custodios presentes –generalmente tres por preso– consideren “delicadas”. Tampoco se pueden tocar o abrazar, pues las entrevistas se hacen con un vidrio de por medio.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 16, 2024
