La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este viernes 28 de junio su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Este documento abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de este año, y se enfoca en los últimos acontecimientos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, derecho al medio ambiente sano, género y personas LGBTI, espacio cívico y Estado de derecho.
“Las personas en Venezuela continuaron enfrentándose a importantes desafíos para ejercer y disfrutar de sus derechos debido a diferentes factores”, expone la ONU y añade que en ocasiones estos desafíos fueron exacerbados por las sanciones.
Ante la situación venezolana, el Alto Comisionado “pide a las partes que apliquen plenamente estos acuerdos, asegurando que los derechos humanos estén en el centro de la agenda”.
De la misma manera, asegura que urge la preservación y protección del espacio cívico porque es fundamental para restablecer la confianza entre los venezolanos y sus instituciones, especialmente de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 28 de julio.
La Oficina de las Naciones Unidas reitera su compromiso con Venezuela y su voluntad de restablecer presencia en el país “con el propósito de fortalecer su cooperación con las autoridades para mejorar la situación de los derechos humanos”.
Falta proteger la vida de los reos
Tras la documentación de las situaciones del derecho a la libertad y a la seguridad de una persona, el Alto Comisionado de Naciones Unidas muestra preocupación porque continúa “la falta de aplicación de medidas para proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”.
La ONU afirma estar preocupada por las muertes que se dan en los centros de reclusión.
Entre las irregularidades observadas por este organismo en esta materia destacan traslados a distintos centros de detención con altos porcentajes de hacinamiento, intimidación y malos tratos a familiares y abogados, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas a reclusos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Sobre la administración de la justicia y derecho al debido proceso, ACNUDH ve con preocupación que se sigue aplicando la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo y que se violen el derecho a la defensa y a un juicio justo y recuerda que la legislación antiterrorista y su aplicación debe cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
De la misma manera, la Oficina de la ONU “lamenta la falta de avance en las investigaciones de muertes en protestas que tuvieron lugar entre 2014 y 2019” e insta a que se redoblen los esfuerzos para garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia y a reparaciones adecuadas, efectivas y rápidas, sin más angustia y revictimización.
Entre otras deficiencias observadas y señaladas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas destacan las deficiencias y el suministro de servicios públicos como agua, electricidad y combustible e indica que se siguen agravando, entre otras cosas por el impacto de las sanciones.
En materia de salud, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra preocupación por la falta de información actualizada sobre salud sexual y reproductiva, ya que los informes han subrayado “importantes deficiencias en la prestación de servicios, incluso en la prevención de cáncer de mama y de útero y altas tasas de embarazo adolescentes”.
Recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU
Algunas de las recomendaciones que el Alto Comisionado de la ONU hace a las autoridades venezolanas son las siguientes:
- Desarrollar urgentemente, con la sociedad civil y otros actores relevantes, un plan de acción para fortalecer el acceso y la utilización de la población de los recursos y medios para garantizar la subsistencia, la seguridad alimentaria en un proceso inclusivo.
- Establecer medidas normativas, institucionales y políticas para cumplir con sus obligaciones en materia de disponibilidad, accesibilidad y calidad de la atención sanitaria, incluyendo la protección y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud.
- Garantizar salarios justos para garantizar una vida decente y digna para los trabajadores y sus familias, y proseguir el diálogo con empleadores y trabajadores para garantizar el pleno respeto y disfrute de los derechos laborales.
- Promover un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de todos los actores y organizaciones, libre de interferencias o restricciones indebidas, incluyendo la adopción de medidas para garantizar el pleno disfrute del derecho a participar en los asuntos públicos; prevenir, investigar y sancionar los ataques, intimidaciones y otros actos de hostigamiento contra los miembros, o simpatizantes percibidos de los partidos de la oposición.
- Liberar de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, asegurando garantías de no repetición.
- Proseguir los esfuerzos para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención y mejorar las condiciones de detención, especialmente en los centros de detención preventiva, garantizando, entre otras cosas, el acceso a la salud, a una alimentación adecuada y al agua a todas las personas privadas de libertad.
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noviembre 15, 2024
