La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela señaló este jueves 22 de agosto que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Consejo Nacional Electoral (CNE) “han desempeñado un papel en la maquinaria represiva del Estado”, tras el requerimiento al máximo juzgado del país para que auditara los resultados de las elecciones presidenciales.
En una publicación en redes sociales, la Misión de Determinación, presidida por la experta Martha Valiñas, recordó que la Administración de Nicolás Maduro “ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
Para este jueves, el máximo tribunal convocó a una rueda de prensa, sin especificar el motivo de la convocatoria. Desde principios de agosto adelanta un proceso de “peritaje” sobre los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que desataron una ola de protestas en el país que se tradujo en más de 2.200 personas detenidas y 25 muertos, según las autoridades.
La oposición exige al CNE que publique los resultados disgregados, lo que incluye las actas de las 30.026 mesas de votación.
La Misión de las Naciones Unidas (ONU) destacó que en 2022 se hicieron cambios en el Comité de Postulaciones Judiciales, ordenado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 de mayoría oficialista, que incidieron en la actual conformación del TSJ. “La actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, es militante del partido de Gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”, lo que contraviene las leyes.
Además, se recordó que el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, “ha sido diputado de la Asamblea Nacional representando al partido de Gobierno”, y ejerció el cargo de contralor general, una posición donde fue cuestionado por su parcialidad política.
Durante esa gestión como contralor, Amoroso fue el responsable de la inhabilitación por 15 años de la líder opositora María Corina Machado, lo que le impidió postularse al cargo de presidenta de la República, y de otros dirigentes de oposición.
En un informe publicado en septiembre de 2021, la Misión de Determinación advirtió que el sistema judicial venezolano está comprometido con graves violaciones de derechos humanos, a través de decisiones políticas y reiteradas violaciones al debido proceso.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 2, 2024
