El gobierno de Nicolás Maduro está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, dijo este martes 16 de septiembre la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en el país.
Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.
La Misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente este jueves 19 su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.
El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.
Detenidos 158 niños, algunos discapacitados
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU reveló que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas en el país por el resultado oficial de las elecciones presidenciales al menos 158 niños fueron detenidos y que algunos de éstos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
Este grupo es parte de más de 2.200 personas que el propio gobierno indicó que fueron detenidas en el marco de las manifestaciones.
“Este fenómeno es algo nuevo y preocupante”, sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en comentarios a la prensa durante la presentación.
Sus indagaciones incluyen lo que ocurrió en la fase crítica que se abrió el 28 de julio, día en el que se celebraron elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin presentar las actas de votación que lo certifiquen.
La oposición, por el contrario, publicó la mayor parte de esas actas para apoyar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador por un amplio margen.
Valiñas sostuvo que la respuesta represora de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados alineados con el gobierno fue “orquestada por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el presidente Maduro”.
“No sólo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral”, recalcó.
Indicó que la Misión documentó 25 muertes durante las protestas, la mayoría de jóvenes menores de 30 años y de barrios populares.
Que no se normalice lo que está pasando
Los miembros de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU pidieron a la comunidad internacional que no caiga en el cansancio ni normalice lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se está viviendo la peor ola de represión y crisis de derechos humanos desde 2019.
La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento y documentar las violaciones de los derechos fundamentales en Venezuela presentó su último informe en una rueda de prensa, en la que confirmó que los abusos se intensificaron desde las elecciones presidenciales del 28 de julio con el fin de silenciar cualquier crítica y duda de que el presidente Nicolás Maduro fue el ganador.
La experta en derechos humanos y miembro de la Misión, Patricia Tappata, reconoció que el gobierno “responde con ironía” a las denuncias internacionales y que “tampoco parece importarle” que se le caracterice como una “dictadura”.
“Esta situación no debe normalizarse ni hay que desistir de reclamar justicia o apoyar a los que dentro del país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos”, pidió la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en declaraciones a EFE.
La Misión considera que el principal objetivo que se debe buscar y el suyo propio es que se haga justicia, que los responsables rindan cuentas por lo que hacen y que se repare a las víctimas por los daños sufridos.
“De forma más inmediata las detenciones masivas y arbitrarias, y los actos de tortura deben cesar”, exhortó Valiñas.
El jurista Francisco Cox, también miembro de la Misión, enfatizó la importancia de que se haga justicia en Venezuela y señaló que la Corte Penal Internacional “podría activarse en esta situación”.
Sobre el riesgo de que esta nueva ola de presión cause una nueva avalancha migratoria desde Venezuela a otros países de la región, Cox indicó que por el momento no hay señales que apunten a ello, pero que eso dependerá de si continúa el actual nivel de represión política y de la crisis humanitaria que ésta desatado.
“Todos estos factores juntos pueden contribuir a que la gente huya del país”, advirtió Valiñas, quien comentó que en conversaciones recientes con activistas que se encuentran en Venezuela, éstos mencionaron la posibilidad de abandonar el país si la persecución continúa o empeora.
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noviembre 15, 2024
