Un tribunal de primera instancia en Aruba decidió que el gobierno de la isla debe revisar su decisión de expulsar al primer teniente de la Aviación, Daniel Francisco Ibarra Moreno, un militar venezolano que solicitó asilo en el país después de huir de Venezuela en julio de 2018, en medio de la “crisis política”.
Según el portal Crónicas del Caribe, la sentencia, emitida por el magistrado Bert Jan van Ettekoven el miércoles 4 de septiembre, subraya la preocupación de que el militar “pueda enfrentar un juicio por deserción y ser utilizado para reprimir a la población o participar en un conflicto armado contra Guyana”, especialmente tras los recientes eventos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.
La corte dictaminó que el Ministerio de Trabajo, Energía e Integración “no puede proceder” con la deportación de Ibarra, quien se encuentra en un listado de la Aviación Militar que señala un proceso penal en su contra.
Este documento, que data de junio y fue firmado por el comandante general de la fuerza, mayor general Santiago Infante, insta al teniente a presentarse ante la Dirección de Investigaciones Especiales de la Aviación Militar en Caracas, lo que podría “poner en riesgo su vida si es devuelto a Venezuela”.
Salida de Venezuela
Según el Tribunal, Ibarra había solicitado asilo en Aruba buscando “escapar de la deserción a la que se enfrenta en su país”.
Durante el proceso administrativo para regularizar su estatus migratorio, su esposa e hija también se unieron a él en la isla. Sin embargo, en febrero de este año, las autoridades migratorias arubeñas determinaron que Ibarra “no había presentado evidencia suficiente de un riesgo inminente en caso de regresar a Venezuela”, lo que abrió la puerta a su posible expulsión. Ante esto, Ibarra impugnó la decisión con la ayuda de su abogado, Malcolm Hassell.
En su defensa, Ibarra subrayó la “creciente inestabilidad en Venezuela y el temor de ser desplegado en un conflicto armado o ser utilizado para reprimir a los ciudadanos que deseen protestar contra el Gobierno de Maduro”.
Además, la reciente “acumulación de tropas en la frontera con Guyana”, en medio de disputas territoriales, fue uno de los puntos clave en su argumentación.
El tribunal también destacó la necesidad de realizar un nuevo diagnóstico sobre la situación política y de seguridad en Venezuela, labor que recae en el servicio exterior de los Países Bajos. El abogado Hassell afirmó que la última evaluación fue realizada en 2020 y que desde entonces han ocurrido “cambios significativos”, particularmente en el contexto político tras las elecciones presidenciales.
El tribunal aceptó las advertencias sobre el “deterioro de la situación” en Venezuela, citando informes recientes del Alto Representante de la Unión Europea sobre el “incremento de la represión contra los manifestantes”.
A la luz de los acontecimientos actuales y las tensiones en aumento, el caso de Ibarra será reconsiderado en Aruba, mientras que la primera ministra, Evelyn Wever-Croes, ha manifestado su intención de monitorear de cerca la situación en Venezuela y tomar “medidas más estrictas” si es necesario, para evitar un “nuevo aumento de la migración hacia la isla”.
Fuente: El Cooperante
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septiembre 26, 2024
