El Gobierno de Argentina presentó este jueves ante la Justicia un recurso de habeas corpus con el fin de garantizar la libertad del presidente Javier Milei y de otros altos funcionarios, ante la orden de captura internacional emitida por Venezuela.
La acción fue presentada por el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro de Argentina en los tribunales federales de Buenos Aires.
El recurso, que busca proteger la libertad cuando es amenazada de manera ilegal, se presenta de forma preventiva en respuesta a la orden de captura internacional emitida el 23 de septiembre por un tribunal venezolano por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el caso del avión venezolano-iraní, que fue retenido en Buenos Aires y enviado a Estados Unidos en febrero.
Además de Javier Milei, la orden de arresto afecta a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y a jueces y fiscales de Argentina.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió la orden pocos días después de que el fiscal general, Tarek William Saab, solicitara el arresto de Milei por el “robo” del avión venezolano-iraní, que había sido retenido en junio de 2022 bajo el gobierno del expresidente Alberto Fernández.
Desde el Ministerio de Justicia argentino se declaró el jueves que “las acusaciones, basadas en falsedades y carentes de sustento, evidencian un intento de intimidación por parte de un sistema judicial sin independencia y al servicio de una dictadura”.
El gobierno de Milei enfatizó que no permitirá que “ninguna dictadura extranjera atente contra la libertad” de los ciudadanos argentinos, subrayando que “la protección de la libertad y los derechos de los argentinos es innegociable” y no cederán ante “presiones autoritarias”.
El mes pasado la Justicia argentina emitió una orden de captura internacional con fines de extradición contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, acusados de delitos de lesa humanidad.
El pedido se basa en una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que invoca el principio de jurisdicción universal para procesar graves delitos contra los derechos humanos, sin importar el lugar donde se cometieron o la nacionalidad de los implicados.
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octubre 4, 2024
