viernes, noviembre 29, 2024

Consejo Universitario de LUZ exige respeto a los derechos humanos del diputado Labrador

En una sesión extraordinaria, el Consejo Universitario también solicitó a las autoridades competentes información sobre su situación y expresó su solidaridad con él y con otros ciudadanos que puedan estar enfrentando detenciones "de manera intempestiva"

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El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) en sesión extraordinaria celebrada el sábado 19 de octubre, acordó unánimemente dirigirse al Gobierno Nacional y a la ciudadanía en general en relación con la detención del abogado Eduardo Labrador, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios superiores y diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ).

Labrador fue privado de libertad el viernes 18 de octubre por funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia, cuando se entraba en camino a la frontera con Colombia para visitar a su hija en Cartagena.

El CU expreso su preocupación y exigió el respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales, tal como se estipula en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), haciendo mención de los artículos 21, 27, 44, 46 y 49.

Entre las decisiones adoptadas, solicitó a las autoridades regionales y nacionales competentes que se respete el marco constitucional que asiste al profesor Labrador, al tiempo que pidieron información veraz sobre su situación actual.

También expresó su solidaridad y apoyo al diputado, extendiendo este respaldo a sus familiares, amigos y compañeros durante estos momentos de incertidumbre.

“Hacemos extensiva nuestra solidaridad y apoyo a los ciudadanos de nuestra nación que puedan estar siendo privados de su libertad de manera intempestiva como la ocurrida al profesor”, agregó.

Finalmente, el Consejo Universitario de LUZ instó a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general a apoyar la difusión del comunicado.

La ONG Foro Penal contabilizó 1.936 detenidos en el país considerados como “presos políticos”, de los cuales 1.698 son hombres y 238 mujeres (1.868 son adultos y 68 adolescentes entre 14 y 17 años).

La organización precisó que, del total de las aprehensiones,  1.814 se hicieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de “fraude” de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo, frente al resultado oficial, que dio la reelección a Nicolás Maduro.

 

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