Elizabeth González nunca imaginó el drama, la impotencia y la indignación que viviría como familiar de preso político. Tampoco sabía que, tras semanas de angustia y silencio, el miedo que le impidió denunciar la detención de su hijo Eliander Santaella sería el que la motivaría a hablar con los medios de comunicación sobre su caso.
A ella y a su esposo la han extorsionado, amenazado y hasta torturado psicológicamente desde aquel 8 de agosto en el que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Daet) detuvieron a su hijo de 25 años. Desde entonces, Eliander es uno de los 1.953 detenidos desde las elecciones presidenciales el 28 de julio, según cifras de la oenegé Foro Penal actualizadas el 22 de octubre.
Eliander Santaella, exfuncionario de la Policía de Miranda y actualmente bartender, salió en moto a visitar a su novia en Filas de Mariche. Cuando regresaba a su casa, ubicada en la parroquia La Dolorita, funcionarios de la Daet le detuvieron.
Sus padres se enteraron porque un amigo del joven fue testigo de lo sucedido y les informó inmediatamente. A Elizabeth González, de 42, la situación le pareció muy extraña. Apenas fue notificada, salió con su esposo a buscar a su hijo.
No fue fácil. No dieron con él en un primer intento. La pareja preguntó en el Polideportivo de Filas de Mariche, les dijeron que allí no estaba. Los mandaron a la sede de la Daet en La Pista, ubicada en Filas de Mariche. Allí estaba: lo confirmaron cuando vieron su moto fuera de las instalaciones. El esposo de González entró a preguntar qué estaba pasando. Cuando la madre se acercó, el funcionario se negó darle información. “No quiero hablar con usted”, le dijo. Comenzaba la verdadera pesadilla.
“Pensé que se trataba de un error. Me preguntaba por qué y qué estaba pasando para que se lo llevaran. Cuando mi esposo logró preguntar, le dijeron que a Eliander lo iban a procesar por instigación al odio y por terrorismo.
Allí fue cuando el oficial al mando (cuyo nombre no quiso revelar por miedo a represalias contra su hijo) le dijo a mi esposo que podían llegar a un acuerdo: si le pagábamos 10.000 dólares, lo liberaba”.
González pensaba, con indignación, que era imposible conseguir esa cantidad de dinero. La familia de Eliander, papá, mamá y una hermana menor de 20 años, se mantiene gracias a una agencia de festejos que tiene su oficina en San Agustín del Sur. “¿De dónde vamos a sacar ese dinero si no tenemos? ¿Qué les pasa? ¿Están locos?”, les respondió. Su esposo entró de nuevo a la sede del Daet y el oficial bajó la cifra: pedía 5.000 dólares. Todavía era demasiado dinero.
“Te lo voy a matar, búscalo en Boquerón”
González no dejaba de preguntarse por los cargos que le imputarían a su hijo. No entendía qué estaba pasando. “Me dijo que con mi actitud estaba entorpeciendo el procedimiento judicial y perjudicando a mi hijo”. Pero la madre solo quería saber qué estaba sucediendo. Eran las 6.15 de la tarde del 8 de agosto. Fue entonces cuando le ofrecieron llegar a un nuevo acuerdo con el superior. No se concretó.
“Hicieron pasar a mi esposo, le quitaron el celular. Cuando salió, me dijo que había llegado a un acuerdo de pagar 2.000 dólares para que liberaran a nuestro hijo. Estábamos esperando por el dinero, teníamos 1.300 ahorrados y el resto nos lo iba a prestar mi mamá. Entonces comenzaron a llegar unos funcionarios, amigos de nosotros de cuando Eliander trabajó 9 meses como policía. Llegaron algunos de Miranda, otros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Iban de civiles, no estaban uniformados, pero estábamos conversando sobre la extorsión”.
Su esposo hizo una llamada para preguntar por dónde iba el dinero cuando salió el oficial con el que había negociado. Le dijo: “Te voy a pasar a tu hijo, lo vamos a reseñar porque ustedes están es pendientes de una paja. Uno tiene que hablar con gente seria”.
Mantener la calma en ese momento era la prioridad. González le aconsejó a su marido que no dijera nada. Querían intentar mantener el acuerdo para que liberaran a Eliander.
Su esposo ingresó de nuevo, pero ya los oficiales no querían hablar con él. Procesarían a Eliander por terrorismo, le dijeron. “Nos quedamos fríos. En ese momento salió Eliander, lo reseñaron, pudimos verlo desde afuera. Colocaron la moto al lado de la mesa, le tomaron la foto y se lo llevaron”. Desesperada, comenzó a preguntar adónde lo estaban llevando. La respuesta la hizo entrar en pánico.
“Uno de ellos me respondió: ‘Te lo vamos a matar, te lo voy a dejar tirado, búscalo en la entrada de Boquerón’. Me llevé las manos en la cabeza. Mi esposo me pidió que me calmara, pero el oficial seguía diciéndome: ‘Te lo voy a matar’. A mi esposo le pidieron que le llevara comida al día siguiente al Helicoide. ‘Pídele a Dios que no te lo matemos’, nos dijeron. Nos quedamos en el carro como 10 minutos procesando todo lo que acababa de pasar”.
Si no dicen dónde está, es un secuestro
La madrugada del viernes 9 de agosto los padres de Eliander salieron a El Helicoide, ubicado en la parroquia San Pedro de Caracas. Llegaron a las 5.30 de la mañana. A las 8.30 de la mañana, les dijeron muy amablemente, destaca la madre, que esperaran. El oficial no estaba autorizado para confirmar si el hijo estaba o no en el centro de detenciones. La angustia se extendió hasta las 10.00 de la mañana.
“Uno de los oficiales que estaba en la sede de La Pista llamó a mi esposo, no sé si mi hijo les dio el número o si fueron los policías con los que estaba acordando entregar el dinero. Lo llamaron y le dijeron que le podíamos pasar el desayuno. Lo hicimos, pero no permitieron verlo. Fue un día de mucha angustia. Nos fuimos a tribunales porque queríamos verlo. Yo le decía a mi esposo que tenían que pasarlo a tribunales, pero si no nos dejan verlo y nos dijeron que lo iban a matar… Saqué mis cuentas. Y solo podía pensar: me mataron a mi hijo y me lo dejaron tirado”.
Fueron a tribunales, pero allí les dijeron que la presentación de los detenidos se hacía vía telemática. Recibieron una segunda llamada del oficial para pedirles el almuerzo de su hijo. Lo llevaron, pero no lograron verlo. En una tercera llamada telefónica pidieron que le llevaran la cena.
“Me preguntaba a quién le estábamos llevando la comida si no habíamos podido verlo. Otro oficial nos dijo: ‘Pueden llegar a un acuerdo para que el muchacho no pase un mal rato’. Pero después llamaron de nuevo a mi esposo y le dijeron: ‘No podemos llegar a un acuerdo porque tú estás pendiente de una paja. Tú trajiste a funcionarios para acá y por eso se cayó el negocio. No te lo vamos a entregar. Lo que podemos hacer es no ponerle tantos delitos”, indicó González.
Es decir, debían pagar 2.000 dólares para evitar un mayor número de cargos. “Le dije a mi esposo que no íbamos a acceder a un soborno porque mi hijo no había hecho nada, no estaba manifestando, no salió a protestar. Lo consiguieron cuando no estaba haciendo nada. Fue una arbitrariedad para sobornar”.
El 10 de agosto toda la familia de Eliander acudió a tribunales para ejercer presión. González estaba dispuesta a denunciar a su hijo como secuestrado si no aparecía en las próximas 72 horas. Fue entonces cuando lo pudo ver llegando a los tribunales en moto con unos oficiales. Le dijeron que lo iban a presentar. No la dejaron acercarse.
“’No se preocupe, doña, aquí solo lo vamos a presentar. Le hicimos el favor de quitarle unos delitos porque el muchacho estaba encochinado’, me dijeron. Yo no entendía, pregunté por qué, de dónde salieron esos delitos. Me respondieron que mi hijo tenía un meme de Nicolás Maduro en su teléfono que decía fuera dictador y otras fotos más. Quise saber cuáles. Cuando nos las mostraron, eran selfies en la parte de arriba de La Dolorita, donde vivimos, en una plaza. Mi hijo tiene selfies en todos lados, tiene muchísimas fotos, incluso de la familia. Aun así, lo presentaron, lo llevaron a tribunales y después lo trasladaron a Zona 7”.
Cinco dólares por visita
En uno de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Zona 7, Boleíta, Caracas, Eliander Santaella y sus padres se enfrentaron al drama que vive todo familiar de preso político en Venezuela. Estuvo detenido durante quince días en los que la madre tuvo que pagar para poder verlo en seis oportunidades. Le cobraron 5 dólares por visita, 3 dólares para pasarle ropa y 2 dólares por comida.
“El 24 de agosto nos llamaron para decirnos que si pagábamos 700 dólares evitarían que lo trasladaran de nuevo. Yo, en medio de mi desesperación para evitar que lo sacaran de Caracas, accedí. Le llevé el dinero en la noche a dos oficiales en Zona 7. Me dijeron que hablarían con el director para que no lo trasladaran. Así como me pasó eso a mí, le pasó a varias familias”.
Sin embargo, la madrugada del 25 de agosto trasladaron a Eliander Santaella a Yare III, prisión ubicada en los Valles del Tuy.
González, como la mayoría de familiares de presos políticos, no fue informada del traslado. Apenas se enteró, se fue a Yare III. Allí le dijeron que estaba en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Allá llegó, pero los guardias le dijeron que no había llegado ningún traslado. No le daban información. No supo de su hijo hasta el 5 de septiembre. “Me llamó, no sé de dónde. Fue una llamada muy breve. Me pidió la bendición y se cortó. Le quitaron el teléfono”.
Aderezo de moscas
Los padres de Eliander no volvieron a saber de él hasta el 1 de octubre. Una llamada de un número desconocido les informó que podían visitarlo al día siguiente. “Hijo, ¿qué te pasó?”, fue lo primero que le preguntó la madre al verlo salir de la enfermería. Había perdido más de 20 kilos, tenía los brazos llenos de moretones por causa de la vía que le colocaron con suero en la enfermería para reanimarlo. Como pudo, su hijo le contó que presentaba un cuadro diarreico desde hacía más de quince días, vómito y fiebre.
“Mi hijo tenía la cabeza en la mesa, me decía que se sentía débil, que no podía más. Yo le dije que le pidiera a Dios que le diera fortaleza, no me salían palabras de aliento. Solo podía decirle eso, pídele a Dios que te dé fortaleza. El custodio tocó el vidrio cuando me contó eso, nos miraba feo y no nos dejaba hablar del tema. Hablé con el director para llevarle medicamentos y me respondió que los reclusos de su penal contaban con más insumos médicos que en el hospital de Coche. Mi hijo me pidió vitaminas, suero y protector gástrico porque las comidas insalubres que le están dando le están cayendo mal. De allí vienen todos sus problemas de salud”.
El martes 15 de octubre fue la segunda visita. Santaella lucía más delgado. Lo dejaron conversar con más libertad. El martes siguiente, 22 de octubre, González volvió a verlo. “Ya no tenía diarrea. Me dijo que me centrara en él, que no le prestara atención al custodio que estaba al lado. ‘¿Qué más me pueden hacer?’, me dijo. ‘Si me llegan a pegar, hasta ese día tienes hijo porque ya no estoy dispuesto a recibir más malos tratos. Ya me cansé”.
Le contó a su mamá el menú: pasta con granos amarillos y de aderezo moscas y larvas. Como en la cárcel hay muchos enfermos con tuberculosis, a Santaella le da miedo incluso agarrar un vaso. Come con las manos, toma agua únicamente cuando se va a bañar. Teme contagiarse.
“El agua sabe a tierra, es horrible, parece agua de tamarindo por el color. Le tocaban el vidrio y nos pedía que habláramos de otra cosa. Incluso me advirtieron que dependiendo de mi comportamiento aquí afuera a él lo tratarían bien adentro. Decidí no callarme más. Yo no me voy a sentar a esperar a que en el lapso de un mes me entreguen el cuerpo de mi hijo”, denuncia González. Después de esa última visita, no ha sabido más de su hijo.
El juego del Estado
La audiencia preliminar de Eliander Santaella fue el 23 de octubre y a González le dijeron que su hijo iría a juicio. La defensora pública le dijo había que esperar, no había tenido acceso al expediente. “Ni siquiera sé si lo defendió o no. Solo me dijo que mi hijo no quiso defenderse. Y yo me pregunto, ¿cómo va a querer defenderse si sabe que todos están pasando a juicio se defiendan o no? Aquí el Estado los detiene, los acusa y también los defiende. No aceptan un abogado privado. ¿A qué estamos jugando?”.
González llevó todas las pruebas que pudo para demostrar la inocencia de su hijo. La abogada le dijo que en acta constaba que la detención había ocurrido el 29 de julio durante las protestas poselectorales. González llevó fotos y testigos que demostraban que su hijo estuvo en la casa ese día.
“Gracias a Dios mi hijo es de esos muchachos que se toman selfies en todas partes. Se las llevé todas. Él estaba en la casa y les pasó fotos a las amigas mientras veía televisión. Llevé las pruebas, no sé si eso habrá servido para algo”. aseveró.
Como madre y familiar de preso político perdió el miedo a hablar y denunciar lo que está sucediendo. González es consciente de que pueden tomar represalias contra él, pero más miedo le dan las condiciones en las que lo tienen recluido.
“¿Cómo confiar en un Estado que apoya y le da pie al matraqueo, el soborno, la tortura? ¿Cómo confiar en un Estado donde los fiscales no investigan, los jueces acusan y condenan, hay abogados que no defienden? Les están quitando a los jóvenes su libertad en medio de un juego macabro, los tienen como en un campamento nazi. Los llaman por un número. Es algo descabellado”.
Como Eliander, hay muchos jóvenes inocentes detenidos en Tocorón. No comparten espacios con la población común del penal, permanecen en una celda con otros cinco detenidos. Al ingresar les dieron un kit con jabón, el uniforme, un bóxer, pasta de dientes y una toalla. No se los han repuesto. En el centro no reciben paquetería, aunque Santaella insistió en que su madre lo intentara: se están muriendo de hambre. Lo intentó, llevó algunas cosas, pero no sabe si las recibió.
“En Venezuela no podemos confiar en nada, en nadie. Estamos esperando que mi hijo salga para irnos del país. Tengo que buscar la manera de darle a mis hijos un mejor futuro y acá no puedo hacerlo. Quedarnos en Venezuela sería un suicidio”.
Fuente: El Nacional
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octubre 25, 2024
