El Tribunal Supremo de injusticias

En Venezuela desde  hace diecisiete años, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido sometido paulatinamente al control político del Poder Ejecutivo. Se ha convertido en un instrumento para afianzar al autoritarismo.

En Venezuela desde  hace diecisiete años, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido sometido paulatinamente al control político del Poder Ejecutivo. Se ha convertido en un instrumento para afianzar al autoritarismo.

En consecuencia, más allá de lo que expresa la Constitución formal (1999), no puede existir un Estado democrático y social de derecho y mucho menos de justicia, en un país donde el Tribunal supremo carezca de autonomía e independencia y esté sometido a los caprichos de un Poder Ejecutivo, que no cree en la separación e independencia de los poderes públicos. 

En Venezuela, la conformación del TSJ está altamente politizada  y sujeta a los deseos y caprichos del Presidente anterior y del actual.

Gracias a ello, el régimen ejerce total control sobre las instituciones judiciales, donde solo existen jueces temporales y provisorios que lo menos que hacen es aplicar la ley. Ningún juez se atreve a adoptar una decisión que afecte las políticas gubernamentales o los deseos del Presidente.

La jurisdicción contencioso administrativa no tiene efectividad ni importancia. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es esta crisis judicial  “el punto más débil de la democracia venezolana”.

El TSJ ha sido entonces, el instrumento para el control político de los otros poderes del Estado, siendo la Sala Constitucional el vehículo servil utilizado por el régimen para secuestrar y ejercer el control directo de las otras ramas del poder público. Pero además, el TSJ ha sido el instrumento también para la ilegítima mutación de la Constitución.

Ha inventado una acción directa para la interpretación abstracta de la Constitución, mediante la cual, la Sala Constitucional ha venido reformulando en forma ilegitima la Constitución. El descaro mayor ha sido, la implementación ilegitima de las reformas constitucionales rechazadas por el pueblo venezolano en el referéndum de 2007.

En 2010 esa Sala dio el visto bueno a las leyes que crearon al margen da la Constitución, un Estado Socialista centralizado, militarista y policial, denominado Estado Comunal.

Por todo ello, desde hace mas de tres quinquenios el TSJ ha avalado el desmantelamiento de la democracia y sus instituciones, conformando un estado autoritario que ha acabado con toda posibilidad de control del ejercicio del poder.

Por su acción u omisión el TSJ ha sido el artífice de la masacre institucional de Venezuela, en aras de la construcción del “socialismo bolivariano”.

Ahora se le  quiere utilizar para desmantelar al poder legislativo y para evitar la realización del referéndum revocatorio del Presidente. Cada día el país tiene más claro, que tenemos simplemente un Tribunal Supremo de “Injusticias” al servicio de un régimen en agonía. La OEA lo sabe.