Este viernes 22 de noviembre la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó fuertemente que en Venezuela “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”, esto a propósito de la falta de progreso del fiscal Karim Khan en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas cuestionó a través de un escrito que, desde junio de 2023, cuando la Fiscalía de la CPI reanudó la investigación sobre Venezuela, no ha habido avances concretos para la apertura de un caso o la emisión de pedidos de captura contra imputados.
“Este período prolongado sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que, en general, una investigación debería iniciarse sin demorarse y llevarse a cabo con eficiencia para que sea eficaz, ya que con el transcurso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse imposibles de rastrear, la evidencia se deteriora o deja de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva se disminuyen cada vez más”, advirtió la oficina.
La OPCV advirtió que muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto.
La Oficina afirmó que la sensación de injusticia de las víctimas se ve agravada aún más por la situación actual en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, donde el Gobierno ha intensificado el uso de las medidas más severas y métodos violentos de represión.
“Esta falta de comentarios públicos, sumado a su aparente inacción, genera preocupación entre las víctimas y sus familiares en relación con el compromiso del Fiscal de abordar la grave situación actual y garantizar que la investigación siga respondiendo a nuevos acontecimientos”, afirmaron.
El organismo se refirió a las masivas detenciones poselectorales, donde según las propias autoridades venezolanas, más de 2.000 personas fueron capturadas. “El alto número de detenciones de niños, niñas y adolescentes (incluidas personas con discapacidad), lo que representa 10% del número total de las detenciones documentadas por varias ONG, son una cifra alarmante, dada su vulnerabilidad”, alertaron.
Fuente: Runrunes
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