La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este lunes 25 de noviembre una resolución a través de la cual otorgó medidas cautelares a favor de Eduardo Emiro Labrador, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), tras considerar que se encuentra en situación de gravedad.
El organismo aseguró que “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”, indica un comunicado de prensa publicado este miércoles 27 en su portal web.
La CIDH informó que el también profesor de la Universidad del Zulia (LUZ) fue “detenido el 18 de octubre de 2024 por agentes de la Policía Regional de Zulia y trasladado a un lugar desconocido. La situación se ha mantenido pese a diversos recursos internos y acciones de búsqueda realizadas”.
Indicó que lamentan la “falta de información y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría a las personas beneficiarias en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país”.
La entidad solicitó al gobierno de Nicolás Maduro, basándose en el artículo 25 de su reglamento, que se “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a vida e integridad personal de Eduardo Emiro Labrador. En particular, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino”.
Aseveran que es “indispensable que el Estado precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención, de habérsele imputado delitos. De lo contrario, que indique las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha”.
“En cualquier supuesto, se solicita al Estado informar sobre el estado del expediente penal que se haya abierto en contra de la persona beneficiaria, y permitir su acceso a los familiares y representantes legales. Asimismo, se le requiere que precise si la persona beneficiaria ha pasado por valoración médica, y brindar el soporte documentario correspondiente”.
Pidió a la gestión oficialista que “implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades, como integrante de un partido político de oposición y diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
Exhortó al Estado que “concierte las medidas a adoptarse con la persona beneficiaria, sus familiares y sus representantes”.
Señaló que se debe informar “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la presente medida cautelar y evitar así su repetición”.
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noviembre 23, 2024
