El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha), conocido como Clima 21, publicó su informe correspondiente al tercer trimestre del año (julio-septiembre) sobre los derrames petroleros suscitados en el país, señalando a Zulia y Falcón como los más afectados, el primero de ellos teniendo 11 derrames en total.
Según una recopilación de informaciones en medios de comunicación, voluntariados y redes sociales, la organización registró 25 derrames petroleros en ese período de tiempo en todo el país, lo que equivale a 8 derrames por mes en promedio, siendo “una cifra superior a la registrada en el 2023 en el mismo período”.
A pesar de las cifras calculadas por el Ovdha, “entes gubernamentales” afirman que hubo 5 derrames en cinco estados del país, dos en Zulia y Falcón, dejando a estas entidades con 11 y 10 vertidos petroleros, lo que, combinados, representan el 84 % de los derrames totales en Venezuela. Además, el observatorio aseguró que estos estados “aparecen constantemente en los reportes elaborados previamente”.
Adicionalmente, reportó dos derrames en Anzoátegui, uno en Carabobo y uno en Monagas, añadiendo que “es importante considerar el derrame ocurrido en el Golfo Triste”, que afectó a Carabobo, Falcón y Aragua y que, pudo llegar a tener impacto negativo en las costas de La Guaira.
Indicó que realizan esta metodología, dado que “la estatal petrolera (Pdvsa) como empresa responsable no suministra datos sobre el número de derrames ocurridos en el país, es muy posible sea muy superior a estos números”.
Efecto de los derrames petroleros
En cuanto a los impactos, el informe señala que en diversas localidades en el Zulia, Falcón y Aragua comunidades de pescadores denunciaron haber sido afectados por los derrames ocurridos, tanto en este período como por la acumulación de daños a lo largo del tiempo.
Indicó que “los principales daños reportados fueron la destrucción o deterioro de sus embarcaciones y enseres de pesca y la disminución de la producción de pesca que logran obtener los pescadores”.
En la región zuliana también perjudicó otros rubros, “como las actividades turísticas y la producción de granjas camaroneras”, sin estimar cuántas pérdidas monetarias generaron los derrames.
Señaló la organización que “durante este período parece haberse acentuado la opacidad gubernamental con respecto a este tipo de eventos, ya que, muy raramente se pudo encontrar declaraciones o cualquier información proveniente de autoridades competentes con respecto al derrame, sus características, impacto y las acciones de contingencia que pudieran estarse realizando”.
“Asimismo, se repitió el patrón de omisión del Estado de reparar los daños ocasionados por estos sucesos a las comunidades afectadas y restaurar el deterioro ambiental causado”, agregó.
El observatorio aseguró que “el Gobierno venezolano sigue incumpliendo con su obligación de adoptar medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida de su desempeño operativo poniendo en grave peligro los derechos humanos de los ciudadanos en todas las zonas afectadas”.
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