Para este martes 11 de febrero a las 11.00 de la mañana estaba prevista la apertura de juicio del caso “Brazalete blanco”, en el que está involucrada Rocío San Miguel, directora de la oenegé Control Ciudadano, su exesposo Alejandro González y otras 17 personas más. Por falta de traslados, el Tribunal Tercero de Control en materia de Terrorismo difirió la audiencia para el próximo 31 de marzo a la 1.00 de la tarde.
Esta es la segunda ocasión en que se difiere la apertura de juicio. Ya en el mes de diciembre, recordó la abogada Theresly Malavé, la jueza Alejandra Romero también fijó una nueva fecha por falta de traslados desde los distintos centros de reclusión.
El fiscal Tarek William Saab vincula a la activista, a su exesposo, a varios militares y a tres dirigentes políticos de Vente Venezuela (Juan José Freites, Guillermo de Jesús López y Luis Enrique Camacaro) a un supuesto plan de asesinatos de varios altos funcionarios y asalto a instalaciones militares el año pasado.
Además de “traición” y “terrorismo”, a la abogada se le imputan los cargos de “conspiración”, “asociación para delinquir y del homicidio tentado en perjuicio” de Maduro y Freddy Bernal, gobernador de Táchira.
Por su parte, Juan Luis González, abogado que defiende al exesposo de San Miguel, quien se encuentra en El Rodeo I, refirió que ha pasado un año de la aprehensión y aún no han podido juramentarse como abogados privados, por lo cual no pueden conocer el expediente de la causa. Ninguno de los involucrados tiene acceso a él.
Denunció que en la audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, el año pasado, les impusieron defensores públicos contra la voluntad de los involucrados. En el caso de González, fue trasladado a la sala telemática del Rodeo I bajo engaño, no le informaron que era la audiencia de presentación, sino que “era un trámite”. González le contó a uno de sus familiares que no constató la presencia del fiscal.
En el caso de Rocío San Miguel, su abogada señaló que la activista se negó a ser representada por un defensor público y abandonó la sala. Por lo cual el tribunal declaró desacato e hizo la audiencia sin su presencia que, según Malavé, viola el debido proceso.
“Rocío tiene defensa pública, que no ha ido a verla ni la primera vez y dice que tiene que pedir autorización. Aparentemente le dieron autorización, pero no la dejaron ingresar”, afirmó Malavé, al tiempo que aseguró que San Miguel necesita estar defendida y por lo menos saber los delitos de los que la acusan.
Medida humanitaria
La abogada Theresly Malavé destacó que no se le ha permitido la visita consular del Gobierno de España, a la cual Rocío San Miguel y Alejandro González tienen derecho porque son ciudadanos con nacionalidad española.
Malavé pidió al gobierno español realizar las gestiones pertinentes para que le otorguen una medida humanitaria a San Miguel, quien sufre inamovilidad en uno de sus brazos debido a una fractura en el hombro hace seis meses que no ha sido atendida.
“Del gobierno de España esperamos que el caso se impulse porque ellos si tienen los contactos y pudiera ser efectivo. Si la solicitud se planteara de gobierno a gobierno se pudiera dar la medida humanitaria”, manifestó.
Fuente: Tal Cual
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