El cuello de botella en las cortes de migración de Estados Unidos, con más de 3,7 millones de casos pendientes, se agrava para los migrantes que buscan evitar la deportación tras el despido de 20 jueces y 12 asistentes, como parte del recorte oficial emprendido por el presidente Donald Trump.
“Esta decisión nos preocupa porque puede traer cambios negativos para quienes tienen procesos en las cortes migratorias que van más allá en una extensión del tiempo que estén esperando una resolución de su caso”, dijo a EFE, Adriel Orozco, consejero sénior del American Immigration Council.
Para el experto, la medida de despedir a los jueces podría traer detrás modificaciones en los requisitos de procesos como asilo, por ejemplo, y restricciones adicionales para los migrantes que buscan legalizar su situación en EE. UU. o evitar su deportación.
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (Trac), hay más de 3,7 millones de casos pendientes, de los cuales 1,7 millones son solicitudes formales de asilo.
Los datos recopilados por este centro de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, detallan además que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tenía en custodia a 41.169 inmigrantes hasta el pasado 9 de febrero, de los cuales el 54,7 % (22.538) carecía de antecedentes penales.
“Muchos más solo tienen infracciones menores, incluidas infracciones de tráfico”, matizó el centro universitario.
Paralelamente, la Administración de Trump impuso cuotas de producción a los jueces, exigiéndoles resolver al menos 700 casos anuales para obtener una calificación satisfactoria. Sin embargo, los recientes despidos de 20 jueces y 12 asistentes dejaron apenas un total de 715, lo que eleva la carga a unos 6.000 casos por juez.
“Esto hará que los jueces presten menos atención a la situación de cada individuo”, se lamenta Orozco.
Aunque el Gobierno justificó los despidos por recortes presupuestarios, el Congreso previamente aprobó fondos para contratar hasta 100 jueces al año durante la última década. Sin embargo, según el congresista demócrata Henry Cuéllar, muchas de esas plazas siguen sin cubrirse, pese al récord de casos acumulados.
En el año fiscal 2024, los tribunales de inmigración resolvieron 914.812 casos, la mayor cifra en un solo año, representando un aumento del 36 % respecto a 2023. Aun así, la acumulación de casos sigue creciendo.
El condado Miami-Dade, en Florida, lidera el número de casos de deportación pendientes, mientras que Montana registra el mayor porcentaje de órdenes de remoción.
En septiembre pasado, según TRAC, solo el 15 % de los inmigrantes, incluidos los niños no acompañados, tenía un abogado que lo ayudara en los casos de un Tribunal de Inmigración cuando se emitió una orden de deportación.
Unos 26.000 niños inmigrantes a la deriva
A la crisis de jueces migratorios se suman otros recortes que afectan a menores migrantes no acompañados.
La organización nacional Voto Latino condenó esta semana la decisión de la Administración de Trump “de eliminar la representación legal de 26.000 niños inmigrantes, incluidos algunos demasiado pequeños para leer o hablar”.
Muchos de estos niños, que anteriormente estaban bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ahora enfrentan la alarmante posibilidad de ser deportados sin asistencia legal.
De ellos, aproximadamente 4.000 residen en California, y muchos se encuentran sin sus padres o tutores legales para que los defiendan, subraya Voto Latino.
“Quitando la asistencia legal a los niños, algunos de los cuales ni siquiera pueden articular su propia defensa, es una violación de los derechos humanos básicos”, manifestó la organización.
Recordó que el programa que brinda representación legal a los menores no acompañados está en funcionamiento desde hace más de dos décadas e hizo un llamado al Congreso a actuar en defensa de los niños.
“Todos los niños, independientemente de su origen, merecen tener acceso al debido proceso y a una audiencia justa”, indicó Voto Latino.
La organización Acacia Center for Justice denunció que esta semana recibió una notificación del Departamento del Interior ordenando la suspensión inmediata de su programa de ayuda legal a menores.
En el año fiscal 2024, ORR recibió 98.356 casos de menores.
“Aún falta claridad sobre las reglas que se aplicarán, pero tememos que esta medida alargue el tiempo de espera y la incertidumbre sobre el futuro de los niños”, indicó el consejero del American Immigration Council.
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