La ONG Provea denunció este sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que en el país hay 121 mujeres privadas de libertad por motivos políticos.
“En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y miedo. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos”, denunció la organización a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).
Provea mencionó el caso de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue arrestada en febrero del año pasado tras ser señalada por la Fiscalía de estar vinculada a una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno.
Reiteró que San Miguel es inocente y víctima de un proceso judicial sin garantías. “Fue acusada por el Ministerio Publicó sin derecho a designar a sus abogados de confianza”, resaltó.
Además, recordó que la activista sufre una fractura en el hombro derecho desde hace más de seis meses y que requiere una cirugía que, insistieron, debe realizarse en libertad con médicos de su elección.
“Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física”, alertó Provea, señalando que las condiciones de reclusión no permiten un postoperatorio ni una rehabilitación adecuada.
El juicio contra San Miguel, previsto inicialmente para el 11 de febrero, fue diferido hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado al tribunal, según denunció su equipo de defensa.
La activista fue detenida el 9 de febrero de 2023 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar con su hija. El fiscal general, Tarek William Saab, la acusó de entregar información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a otras tres legaciones diplomáticas, cuyos países no fueron especificados.
Fuente: EFE.