El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump afirmó este martes 18 de marzo que no remitirá a un juez federal detalles sobre dos de los vuelos en los que el pasado sábado 15 se deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, al considerar que la Administración no vulneró la orden que ese mismo magistrado emitió para que se los devolviera a territorio estadounidense.
Pese a la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, un total de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron más de 200 venezolanos, que el Gobierno de EE. UU. asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua, a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.
Para la operación, el republicano invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense, sin vista judicial previa.
El pasado lunes, Boasberg pidió este martes al Departamento de Justicia que le remitiera información sobre todo la operación, incluyendo datos sobre dos vuelos que despegaron de suelo estadounidense antes de que el magistrado emitiera por escrito su orden a las 7.25 de la noche, hora local del sábado.
“El Gobierno sostiene que no existe justificación para ordenar la presentación de información adicional, y que hacerlo sería inapropiado”, reza la documentación presentada hoy ante la corte por el mencionado departamento.
El escrito asegura que “incluso aceptando la versión de los hechos de los demandantes, no se violó la orden escrita del Tribunal (ya que los vuelos pertinentes abandonaron el espacio aéreo estadounidense, por lo que sus ocupantes fueron ‘retirados’ antes de que se emitiera la orden)”.
A su vez argumenta que “las declaraciones orales previas del Tribunal (emitidas a las 6.47 de la noche) no eran ejecutables de forma independiente como medidas cautelares”.
El Gobierno estadounidense concluye que al estar el proceso en fase de apelación (el lunes solicitó que se retirara a Boasberg de la causa alegando un “ejercicio inapropiado de competencias”) “no se debería exigir al Gobierno que revele información sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones exteriores hasta que se resuelva dicha solicitud, especialmente dado que esta información no es relevante ni urgente”.
El Departamento de Justicia cuestiona que la orden de Boasberg en su forma verbal fuera vinculante y también que el juez tenga competencia sobre la política migratoria del Gobierno.
Uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador advirtió sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso, mientras distintos miembros del gobierno de Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en EE. UU.
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