Evelin Merlo Velásquez, conocida en redes sociales como “La hija de Dios”, fue detenida en Tampa, Florida, junto a su pareja sentimental, Yonathan Rojas, apodado “El Gocho”, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Ambos permanecen bajo custodia en la cárcel del condado de Pinellas, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos en su contra.
Hasta el momento se desconocen las razones de su arresto, si enfrentan un proceso deportación o si han solicitado asistencia legal. Sin embargo, medios señalan que la acción podría estar vinculada a posibles irregularidades en su estatus migratorio.
Polémicas en redes
Evelin Merlo, de 34 años, alcanzó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram gracias a sus mensajes de empoderamiento espiritual y discursos religiosos, que combinaba con un estilo de vida ostentoso.
Sus publicaciones incluían videos mostrando fajos de billetes, declaraciones de amor a su pareja y contenido que mezclaba la fe con referencias a la riqueza material.
Por su parte, Yonathan Rojas, de 21 años, también era activo en las plataformas digitales, donde generaba polémica por sus disputas públicas y debatas sobre la infidelidad con su pareja.
Acusaciones anteriores
En 2024, circularon en Venezuela rumores sobre una supuesta detención de Merlo Velásquez por “terrorismo” tras un altercado verbal con una dirigente comunal vinculada al chavismo. No obstante, no existen registros oficiales ni cobertura mediática confiable que respalden esta acusación.
De acuerdo con Univision, ICE puede mantener detenidas a personas por presuntas violaciones al estatus migratorio, incluso sin antecedentes penales.
Merlo y Rojas tienen derecho a solicitar una audiencia ante un juez de migración, proceso que puede demorarse meses o incluso años debido a la saturación del sistema judicial migratorio estadounidense.
En marzo de 2025, se reportaban más de 3,7 millones de casos pendientes en las cortes migratorias. Durante este tiempo, los detenidos pueden pedir fianza, comunicarse con sus consulados y acceder a representación legal, aunque el Estado no provee abogados públicos en estos casos.
Fuente: El Nacional.
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