La defensa del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pendiente de ser juzgado por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), pidió este jueves 7 de agosto al tribunal internacional que descalifique del caso al fiscal principal, Karim Khan, por un supuesto conflicto de intereses.
Khan "no reveló un grave conflicto de intereses y ahora debe ser inhabilitado de forma inmediata y sin demora para desempeñar cualquier función en el caso", leyó la solicitud presentada por el abogado de Duterte, Nicholas Kaufman.
En la versión de la petición publicada por el tribunal, con numerosas partes suprimidas por razones de confidencialidad, Kaufman alegó que Khan representó a "víctimas de una supuesta política de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con las drogas en Filipinas".
La CPI ordenó la detención de Duterte el pasado marzo, al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas, que durante su mandato (2016-2022) dejó 6 mil muertos según la Policía y unos 30 mil según oenegés locales.
El Estatuto de Roma gobierna el funcionamiento de la CPI y del que Filipinas fue firmante entre 2011 y 2019, hasta que el expresidente sacó al archipiélago temiendo la investigación del tribunal, establece en su artículo 54 que el fiscal debe "investigar las circunstancias incriminatorias y exonerantes por igual".
Según la defensa de Duterte, al haber supuestamente representado a víctimas de la guerra contra las drogas, Khan hace frente a un conflicto de intereses "irreconciliable".
El fiscal fue obligado a apartarse temporalmente de su cargo en mayo mientras el departamento de asuntos internos de la ONU investiga sospechas de acoso sexual, y Khan no ha hecho más apariciones públicas desde entonces.
La petición a la CPI de descalificar a Khan, antes de que el juicio arranque el próximo 23 de septiembre, llega después de que el pasado lunes el tribunal internacional pidiera al fiscal apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La CPI consideró que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad en el caso, dado que su cuñada ha sido contratada para el equipo legal del gobierno de Nicolás Maduro.
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