El Gobierno de Nicolás Maduro tildó este lunes 22 de septiembre como “írrito y parodia” el sexto informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que la Misión confirmó “delitos de lesa humanidad” en el país tras las presidenciales.
Alexander Yánez, representante permanente ante la ONU en Ginebra, enfatizó que la Misión, con el informe, crea “un marco de injerencia extranjera” que busca “el cambio de régimen en Venezuela” y no “tiene nada que ver con los derechos humanos”.
“Esta írrita Misión tiene un novelero desempeño que la desacredita por sí misma”, especificó en su reacción.
El embajador alegó que el informe “cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política, y no ha pisado y no pisará jamás territorio venezolano”.
Reseñó que Venezuela “cree en los derechos humanos” y los “practica conforme al mandato constitucional”, aunque “no se prestará para validar la parodia”.
“Quieren cambiar el régimen político venezolano, de intimidar con una guerra en el Caribe”, reiteró Yánez.
El diplomático afianzó que Venezuela es víctima “de una agresión híbrida” desde hace “más de 20 años” por parte de gobiernos “hegemónicos que buscan un cambio de régimen”.
“Queremos persuadir el conflicto”
Yánez puntualizó que “queremos persuadir un conflicto armado”, pero que, en cualquier circunstancia, “el pueblo defenderá su territorio con todo lo disponible”.
“Si se nos pretende imponer una agresión injustificada que no deseamos, pero que estamos dispuestos a enfrentar con un pueblo de América”, reseñó.
Alegó que la Misión “involucra un gasto de más de 10 millones de dólares” y que es señalada por “influjos de Estados Unidos y sus aliados europeos”.
“¿Qué ha dicho este Consejo ante la barbárica situación de los migrantes venezolanos deportados? Poco o nada”, reseñó.
Especificó que se “normaliza la hipocresía y el descaro, el doble rasero y la politización a favor de los agresores”.
La Misión Internacional de la ONU concluyó que en Venezuela, entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, se cometieron delitos de lesa humanidad en el contexto postelectoral, con ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual contra menores, represión sistemática a opositores y extorsiones bajo custodia estatal; además, denunció la impunidad de los cuerpos de seguridad, el uso político de las detenciones y el impacto represivo de la Ley Anti Oenegé, exhortando a la comunidad internacional a actuar con mayor firmeza.
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