Familiares de 13 militares de distintos rangos, quienes ya cumplieron sus condenas, reclaman información a los tribunales sobre las nuevas acusaciones que enfrentan. Hasta la fecha, el tribunal mantiene el expediente bajo reserva y prohíbe el acceso a cualquier allegado.
El grupo permanece recluido en el Fuerte Guaicaipuro desde el 3 de noviembre de 2025. Ese día, las autoridades los sacaron de sus celdas en el Centro Nacional de Procesados Militares de Los Teques (Ramo Verde) con la promesa de trasladarlos a los tribunales para entregarles sus boletas de excarcelación. Desde entonces, sus familiares no puden verlos. Solo en tres ocasiones les permitieron entregar suministros básicos: apenas unos panes y cinco litros de agua para un periodo de 15 días.
El grupo lo integran los tenientes coroneles Deibis Mota Marrero, Carlos Peña Palmentieri, Víctor Soto Méndez, Cruz Pérez Lugo y Pedro Garrido Guillén; los capitanes Carlos Aguilar, Nicolás Rodríguez y Ronald Marrero; el primer teniente Willian Paredes; el teniente Edgar Suárez; y los sargentos Royer Zambrano y Yohnser Noguera.
“No sabemos en qué condiciones están; les llevamos insumos a ciegas. Por las medicinas que piden, como antibióticos y antimicóticos, suponemos que tienen alguna enfermedad. Nos informaron dicho que su estado físico esta deteriorado”, señaló Ruperto Peña, padre del teniente coronel Juan Carlos Peña. Tras un mes de gestiones, el padre del oficial logró hablar con un defensor público.
“Nos dijo que les impusieron nuevos delitos: motín, rebelión, traición a la patria y delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional”, explicó.
Peña denunció que el tribunal realizó la audiencia de forma telemática y durante la noche. Además, el Tribunal Tercero de Control de Jurisdicción Militar, a cargo del juez Jonathan Guánchez, no informó a los familiares sobre la fecha de dicha comparecencia.
“No hemos podido hablar bien con el nuevo defensor público; él fue a los tribunales para revisar el nuevo expediente, pero no se lo permiten”, añadió.
La familia del teniente coronel Peña lo vio por última vez en octubre de 2025, mientras esperaban su boleta de libertad, pues su condena de siete años y medio terminó el 9 de septiembre.
“A todos los engañaron. Les dijeron que irían al tribunal por su carta de salida, pero en realidad los desaparecieron y los trasladaron al Fuerte Guaicaipuro”, afirmó su padre.
Aunque los familiares solicitaron una fe de vida ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, ambas instituciones guardan silencio. El resto de las familias conoció los nuevos cargos solo a través de la información obtenida por Peña, ya que el defensor público no contactó a nadie más.
“En los tribunales militares se lavan las manos; nadie asume la responsabilidad de este nuevo procedimiento porque saben que es un expediente fabricado para mantenerlos privados de libertad. Ni siquiera nos dan el número de expediente”, reclamó Thais Aparicio, esposa del primer teniente Willian Paredes, cuya condena venció el 30 de marzo del año pasado.
Aparicio indicó que, a través de un abogado, solicitó reuniones con el Defensor del Pueblo y el Fiscal General Militar. Asimismo, pidieron una amnistía debido a que todos ya cumplieron sus penas y esperan una respuesta inmediata de las autoridades.
Fuente: Tal Cual
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