El sistema de educación superior autónomo en Venezuela no solo enfrenta una crisis económica, sino que es víctima de una “captura estatal” planificada, según revela el último informe de la organización Aula Abierta, titulado “El impacto de la corrupción estatal en el sistema de educación superior autónoma en Venezuela (2004-2026)”, el cual documenta cómo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ejecutan una política de Estado dedicada a desmantelar la autonomía universitaria.
El informe detalla que la corrupción en el país transcendió al “robo de fondos”, convirtiéndose en una estrategia diseñada para obtener beneficios políticos y económicos mediante la asfixia de las universidades.
Bajo la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que entiende la corrupción como el “abuso del poder público para obtener un beneficio privado que daña la institucionalidad”, Aula Abierta plantea que en Venezuela se desarrollaron prácticas de corrupción institucional.
Entre los fines están, el beneficio económico, sustentado en una administración de recursos públicos canalizados a través de programas paralelos como la “Gran Misión Venezuela Bella”, Y el beneficio político, orientado a la perpetuación en el poder mediante el desmantelamiento financiero de las universidades y la persecución de la comunidad académica crítica.
La asfixia presupuestaria como táctica
Según la investigación, el Poder Ejecutivo implementó una política sistemática de asfixia. Entre 2019 y 2021, universidades emblemáticas como la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de los Andes (ULA), y la Universidad de Oriente (UDO) operaron con un déficit superior al 95 %.
La falta de recursos no es casual, puesto que mientras las instituciones autónomas mueren financieramente, el Estado desvía fondos hacia instituciones paralelas afines al chavismo, carentes de rendición de cuentas o licitaciones transparentes.
Aula Abierta identifica una ofensiva articulada desde los pilares del poder público.
Según la organización, el Poder Ejecutivo centralizó las nóminas a través del “Sistema Patria”, arrebatando la autonomía administrativa a las universidades y convirtiendo el salario en una herramienta de control social.
El Poder Judicial bloqueó electorales universitarios e impuesto autoridades, vulnerando el derecho de la comunidad académica a elegir a sus representantes.
A su vez, el Poder Legislativo ataca mediante leyes que criminalizan la opinión crítica bajo conceptos ambiguos como la “incitación al odio”.
El informe destaca la Ley Orgánica de Educación de 2009 como un instrumento clave de captura, esta norma modificó la autonomía al redefinir el sistema e incluir al personal administrativo y obrero en el padrón electoral, contradiciendo la Constitución y sirviendo de base para decisiones judiciales que bloquean la renovación de autoridades por año.
Para el periodo 2025-2026, los datos reflejan cómo la corrupción estatal se traduce en violaciones directas a los derechos humanos.
Detalla que una muestra son los salarios miseria, puesto que para 2025, un profesor titular a dedicación exclusiva percibe apenas 5,5 dólares mensuales, una cifra que condena a la academia a la pobreza extrema.
También resalta la deserción estudiantil, pues el desmantelamiento de servicios básicos —como los comedores de la UCV, que pasaron de atender a 5.000 personas a solo 1.000— y becas de apenas cinco dólares forzaron el abandono masivo de las aulas.
Aula Abierta sostiene que la recuperación de la universidad venezolana requiere de un proceso de justicia transicional. La organización exige el cese de la persecución, la devolución de la autonomía financiera y la creación de mecanismos independientes que investiguen las responsabilidades de quienes han ejecutado estas políticas de destrucción académica durante las últimas décadas.
Fuente: Tal Cual
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