El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó nuevas medidas para sancionar a quienes hagan uso de su cargo, profesión o poder jurídico para abusar de las personas más vulnerables a través del terrorismo judicial, sobre todo, cuando hay bienes o intereses comerciales de por medio.
Según aseguró el periodista Eligio Rojas a través de una entrevista con Iguana TV, el máximo tribunal del país ya avaló que la próxima edición de la Gaceta Oficial contemple la ilegalidad del terrorismo judicial, más cuando hay inmuebles alquilados en la ecuación.
“Su publicación en la Gaceta Oficial obedece a que los criterios expuestos en la sentencia son de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los operadores del sistema de justicia. Los magistrados le están diciendo en esa sentencia a los jueces y fiscales: ‘No vayan a tratar de sacar un inquilino moroso, imputándole el delito de invasión. ¡Tengan cuidado con eso! No vayan a torcer la justicia para resolver un asunto, que puede y debe ser resuelto por tribunales civiles”, detalló Rojas.
Acotó que hay distinciones entre el delito de invasión y el respectivo cumplimiento de un contrato de inquilinato.
“Se sospecha que existe el uso de determinados delitos con otros fines, lo cual sería como hacerle un fraude a la ley para aterrorizar a la persona, como dicen por allí, para meterle un psicoterror y doblegarla, torcerle el brazo”, comentó Rojas.
Es así como la sentencia N° 73 del 6 de febrero de 2024 plantea, con “carácter vinculante”, todas las consideraciones en torno al Sistema de justicia y el fraude procesal.
“El principio de intervención mínima y subsidiaria del derecho penal, el terrorismo judicial y el uso arbitrario de la jurisdicción penal, en casos cuya naturaleza es netamente civil. Allí están claramente descritos los aspectos sobre los que alerta, delata y expone la Sala Constitucional, porque han venido sucediendo situaciones que ameritaron la intervención del Máximo Tribunal, tal como les sucedió a tres adultos mayores que fueron imputados por el delito de invasión para luego dictarles una orden de desalojo”, refirió Rojas.
Subrayó los acontecimientos que derivaron en esta decisión.
Según el periodista, todo el conflicto inició en julio de 2023, cuando el empresario brasileño, Alí Salim Abdul Hadi, denunció que dos de sus inmuebles de la Asociación Civil que representa estaban bajo una supuesta invasión.
En esa ocasión, el empresario tramitó la denuncia en varios entes penales y judiciales, tales como la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público y el Cicpc de Santa Mónica.
Se trata de dos apartamentos ubicados en el edificio Dautar, situado en la avenida principal de Las Mercedes, municipio Baruta, estado Miranda.
“A partir de esa denuncia inician una serie de medidas destinadas a desalojar a los tres adultos mayores ocupantes de los dos inmuebles del Dautar, tramitadas por el Ministerio Público. En agosto de 2023 los tres adultos mayores fueron imputados por el delito de invasión, quedando identificados en el expediente como Betty Rodríguez de Quintero, Jhon Rafael Quintero Rodríguez y Mariela Alejandra Reyes Hernández”, precisó Rojas.
Posteriormente, la gestión tuvo como resultado una orden de desalojo, por lo que un pariente de uno de los afectados solicitó la intervención de la Sala Constitucional.
“Se generó una persecución penal, amparada en una falsa denuncia de invasión, ejerciendo un abuso de la justicia penal, utilizándose al Ministerio Público y al tribunal como mecanismo de terrorismo judicial en su contra, por cuanto se insiste que son poseedoras legítimas desde hace 13 y 23 años de los referidos inmuebles”, indicó Rojas tras citar la constancia original de las víctimas.
En la investigación se determinó que los tres ciudadanos tenían en regla y vigencia sus contratos de arrendamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi).
“Lo cual descartaba que fueran invasores y, por el contrario, ocupan los apartamentos de manera legítima (…) En atención a esas y otras consideraciones, los magistrados dictaron una serie de medidas destinadas a colocar las cosas en su lugar”, alegó Rojas.
Fuente: La Iguana TV
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