La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, bajo custodia del Estado, desató una ola de indignación y exigencias de justicia por parte de diversos sectores en el país, luego de que el gobierno admitió este jueves 7 de mayo que el detenido falleció hace casi un año en un hospital, tras varios meses de denuncias por parte de su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, de que permanecía en paradero desconocido.
Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos lamentaron la muerte del comerciante y reclamaron al Estado una investigación exhaustiva e independiente de este caso.
Este hecho revivió, además, las denuncias sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a sus derechos humanos y la impunidad en el sistema judicial que el gobierno interino de Delcy Rodríguez busca reformar.
Quero, de 51 años, estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos del Foro Penal, el “motivo aparente” de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023.
Carmen Teresa Navas llevaba meses denunciando la detención y la desaparición de su hijo, pero fue hasta este jueves 7 que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el deceso del preso político.
“Negaban su paradero”
La oenegé Justicia, Encuentro y Perdón señaló en X que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental”, y aseguró que Carmen Teresa Navas realizó “múltiples diligencias” ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre la situación y paradero de su hijo.
De igual forma, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió en X que la madre de Quero fue “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, algo que calificó como “indignante”.
En la misma red social, el coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, Marino Alvarado, indicó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario, Julio García Zerpa, al exfiscal general Tarek William Saab y al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, indicó que la muerte del preso político “no es un fallecimiento común”, sino “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”.
De acuerdo al registro que llevaba Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos habían muerto en custodia del Estado desde 2014.
Foro Penal registra actualmente 454 presos políticos en el país, pese a haberse aprobado una de ley de amnistía el pasado febrero como parte del “nuevo momento político” que promueve la presidenta encargada del país.
Fuente: EFE
#ATENCIÓN Exigimos la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), tras la admisión por parte del Estado de la… pic.twitter.com/QF4juZCWT2
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 7, 2026
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