Cinco policías fueron detenidos en Barquisimeto, estado Lara, luego de que organizaciones no gubernamentales denunciaran un allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de, al menos, 33 hombres en un sauna gay, informó este domingo 31 de mayo el Ministerio Público, que anunció una investigación.
Según un comunicado, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “activó oportunamente sus mecanismos de control interno” y puso a disposición de la Fiscalía a cinco funcionarios de ese organismo de seguridad, quienes serán presentados en las próximas horas ante un tribunal de control.
La institución informó también de la designación de “la Fiscalía 21 del estado Lara, conjuntamente con la Fiscalía 98 Nacional con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género”, para el desarrollo de la investigación penal “en relación con el presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública”, en el referido local de entretenimiento.
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ofreció en un comunicado su acompañamiento y mediación a los afectados y dijo que activó mecanismos de articulación con el MP y la PNB para dar respuesta a las víctimas afectadas por los hechos que ocurrieron el pasado sábado 30.
Además, “estableció enlace con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y se comprometió a hacer seguimiento a la denuncia”, según el texto.
Este domingo 31, el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron el hecho y señalaron que los agentes policiales, vestidos de civil, “acusaron a las personas de ‘ejercer el delito de la homosexualidad’, según relatan las víctimas”.
En un comunicado, aseguraron que este “grave suceso no solo vulnera los derechos de los propietarios del establecimiento, sino que también criminaliza y somete a la humillación pública”.
Las organizaciones no gubernamentales exigieron una investigación “inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables”.
El activista Romario Sánchez, del Movimiento Somos, indicó a EFE que, con este, ha habido allanamientos, a los que calificó de “incidentes de odio”, en al menos ocho locales LGTBI desde 2020 en Caracas y otras ciudades como Maracaibo, Valencia y Mérida.
En X, Jau Ramírez, director de Somos, aseguró que en el operativo “estuvieron involucrados, al menos, 12 funcionarios reconocidos por las víctimas, incluyendo los comandantes” de una división de la PNB en Lara.
En julio de 2023, 33 hombres fueron detenidos en un local diverso en el estado Carabobo, acusados de “ultraje al pudor”, además de “agavillamiento (asociación ilícita) y contaminación sónica”, y excarcelados días después, tras numerosas protestas de distintos sectores.
En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante “las acciones arbitrarias” y “los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela” contra personas LGTBI, por lo que urgió al país a “abstenerse de criminalizar” a este colectivo.
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGTBI.
Fuente: EFE
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