La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este viernes que la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma no tendrá efectos inmediatos y que el país deberá mantener sus obligaciones de cooperación con el tribunal durante el período establecido para que la salida sea efectiva.
En una reacción difundida a la prensa en La Haya, la CPI señaló que todavía no recibió la notificación formal de Venezuela a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas. No obstante, recordó que los Estados tienen el derecho soberano de adherirse o retirarse de tratados internacionales conforme al derecho internacional.
El tribunal explicó que, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, una retirada entra en vigor un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.
Durante ese período, Venezuela continuará vinculada al organismo y deberá cumplir las obligaciones de cooperación derivadas de investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que la retirada sea efectiva.
La CPI añadió que la salida tampoco impedirá que continúe examinando asuntos que ya estuvieran bajo consideración del tribunal antes de la fecha en que la retirada entre en vigor.
El tribunal expresó su pesar por la decisión de Caracas y por lo que considera un abandono del esfuerzo internacional para combatir la impunidad de los crímenes internacionales más graves.
La reacción se produjo después de que el Gobierno venezolano anunciara este viernes su decisión de retirarse de manera “firme e irrevocable” del Estatuto de Roma.
Caracas justificó la medida al considerar que la CPI actúa con un “sesgo” y concentra de manera “desproporcionada” su trabajo en países de África y América Latina, además de responder, según su argumento, a intereses ajenos a la justicia internacional.
De acuerdo con el Gobierno venezolano, la decisión fue comunicada por instrucciones de Delcy Rodríguez al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Caracas anunció este viernes su salida “firme e irrevocable” del Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con “sesgo” y concentra de forma “desproporcionada” su labor en África y América Latina. La decisión fue comunicada por instrucciones de Delcy Rodríguez al secretario general de la ONU, António Guterres.
La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018, continúa activa. Aunque la Fiscalía cerró su oficina técnica en Caracas en diciembre por falta de “progreso real” en materia de complementariedad, los investigadores en La Haya mantienen las pesquisas, que fueron autorizadas a reanudarse plenamente en 2023.
Fuente: EFE.
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