La falta de datos oficiales actualizados en el país impide movilizar recursos de forma eficiente y frena tanto la llegada de ayuda como la planificación de la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, según advirtió este jueves 30 de julio el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
En el pronunciamiento titulado “Información pública y Estrategias de Recuperación Post-Desastre”, correspondiente a su sesión del 29 de julio de 2026, la facultad expresó su dolor por la tragedia iniciada por el doble terremoto y reconoció los esfuerzos nacionales e internacionales de asistencia técnica, coordinación y movilización de recursos para socorrer a las víctimas durante la emergencia.
En particular, la Ucab resaltó la publicación de evaluaciones iniciales como el Análisis Digital Rápido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el 26 de junio, los Reportes de Situación de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el informe de Estimación Global Rápida de Daños Post-Desastre elaborado hasta el 13 de julio por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, con apoyo de Japón.
El documento destaca que, para diseñar Estrategias de Recuperación bajo la metodología internacional del Marco de Evaluación de Necesidades Post-Desastre, desarrollada en 2013 por la Unión Europea, la ONU y el Banco Mundial, se requiere información suficiente para movilizar recursos de modo eficiente y transparente.
Este esquema exige comparar las condiciones posdesastre con los datos previos del país. La información de referencia predesastre incluye datos nacionales, socioeconómicos, demográficos y geográficos de las áreas afectadas, entre los que figuran las tasas de alfabetización, desnutrición e inseguridad alimentaria, niveles de pobreza, acceso a agua potable, saneamiento, infraestructura educativa, matriculación escolar e incidencia de enfermedades transmisibles.
La Ucab cita las directrices internacionales para recalcar la necesidad de desagregar datos por sexo, edad, etnia o características religiosas para identificar vulnerabilidades específicas y planificar una recuperación eficaz.
La universidad señala que la mayor parte de la información requerida para la evaluación posdesastre era de libre acceso en el país hasta el año 2014. A partir de esa fecha, la actualización y publicación completa y detallada de datos oficiales sufrió una interrupción, e incluso se retiraron estadísticas publicadas previamente en sitios web oficiales.
Entre la información omitida o no disponible se encuentran las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, las cuentas fiscales, los censos de población, vivienda e industria, las encuestas de hogares, los boletines epidemiológicos y las estadísticas de órganos y entes públicos sobre sus actividades y resultados.
El comunicado indica que estos datos indispensables para fomentar la producción, financiamiento, inversión y consumo, así como para orientar, organizar y evaluar políticas públicas, no están disponibles, a pesar de la aprobación desde enero de 2026 de nuevas leyes para atraer inversiones, la anunciada renegociación de la deuda externa, la deseada estabilización de precios y la reanudación de relaciones del Gobierno con organismos multilaterales.
El diseño de Estrategias de Recuperación exige formular un presupuesto preciso, por lo que la Ucab enfatiza textualmente la premisa internacional de que “el principio fundamental aquí es que la recuperación y la reconstrucción protejan a las comunidades de futuros riesgos de desastre”.
“Sin embargo, también debería anotarse que, aunque el presupuesto de recuperación incluye costos y capacidades adicionales para reducir los riesgos de desastre y reconstruir, dicho presupuesto no debe inflarse para atender problemas o déficits de desarrollo a largo plazo”, añade.
La facultad califica esta advertencia como fundamental para Venezuela, donde los presupuestos nacionales, sus exposiciones de motivos, sus implicaciones estadales y municipales, los planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse desde 2016.
La institución concluye que las Estrategias de Recuperación Post-Desastre no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, dado que el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar una visión de conjunto ni continuidad en la atención de las múltiples implicaciones futuras de los terremotos en un país con severos problemas estructurales previos.
#Comunicado🔰 | El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales #UCAB hace público un pronunciamiento sobre la Información pública y las Estrategias de Recuperación Post-Desastre tras los recientes eventos sísmicos en el país. pic.twitter.com/C1Jz1YDOc9
— UCAB (@enlaucab) July 30, 2026
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