Venezuela se prepara para afrontar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia; sin embargo, el problema parece no ser solo el tamaño de la factura, sino que la cifra aún no estaría completamente cerrada, según publicó Bloomberg.
El informe reseñado hace referencia a un nuevo laudo arbitral que añadió más de 1.500 millones de dólares a las obligaciones que Venezuela deberá enfrentar. El caso es el de Liberty Mutual, una de las mayores aseguradoras estadounidenses, que obtuvo una decisión favorable contra la nación por las restricciones cambiarias que durante años le impidieron sacar del país los recursos generados por su inversión.
El monto, de aproximadamente 1.600 millones de dólares según la reconstrucción llevada a cabo por el abogado venezolano José Ignacio Hernández, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta central sobre cuánto debe realmente Venezuela.
Según Bloomberg, a partir del caso Liberty Mutual, Hernández señala que no existe un registro público que permita conocer con precisión cuánto debe el país por todos sus arbitrajes, ya que la información está dispersa entre decisiones arbitrales, expedientes judiciales y documentos de los propios acreedores.
Su reconstrucción muestra, sin embargo, que los laudos pendientes de pago representan una parte relevante de la deuda externa venezolana.
El Financial Times reportó en junio que Venezuela se prepara para reconocer una deuda de unos 240.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones previas de entre 150.000 millones de dólares y 200.000 millones de dólares.
El cálculo incluye bonos soberanos y de la estatal Pdvsa en default, intereses acumulados, préstamos bilaterales, facturas impagas y obligaciones derivadas de arbitrajes. Reuters también señaló que el monto total de los pasivos podría alcanzar los 240.000 millones de dólares, aunque las estimaciones todavía oscilan entre 150.000 millones de dólares y esa cifra.
El tamaño de la deuda adquiere otra dimensión al compararlo con el tamaño de la economía. El PIB nominal de Venezuela se estima en 111.300 millones de dólares para 2026, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional previo a los terremotos.
Con una deuda superior a 240.000 millones de dólares, los pasivos equivalen a más de dos veces el PIB del país, alrededor de 216 %. Y esa relación podría aumentar si siguen incorporándose nuevas obligaciones al proceso de reestructuración.
Los arbitrajes hacen especialmente compleja esa tarea. A diferencia de un bono en default, cuya estructura contractual y sus tenedores pueden identificarse con relativa facilidad, un laudo plantea preguntas adicionales sobre el origen de la obligación, su reconocimiento, los intereses y la forma en que ese acreedor competirá con bonistas y otros reclamantes.
El gobierno que preside Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, anunció en mayo una reestructuración integral de la deuda externa de la República y de Pdvsa.
El proceso todavía está en una etapa preparatoria luego de que la licencia general 58 de Estados Unidos permitiera a Caracas contratar asesores y realizar trabajos relacionados con la reestructuración, aunque no autoriza por sí sola una negociación directa con los acreedores.
Mientras tanto, el mapa de obligaciones sigue ampliándose. Venezuela necesita reducir su carga financiera para recuperar espacio fiscal y eventualmente volver a los mercados internacionales, pero para hacerlo primero debe establecer el tamaño real de la deuda que busca reestructurar.
Tras los sismos, el vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Banco de Venezuela, Calixto Ortega, informó que el Gobierno continuará con el proceso de reestructuración de la deuda externa.
Durante un acto del Consejo Nacional de Economía, en el que participó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Ortega aseguró que las autoridades mantienen una hoja de ruta para avanzar en la reestructuración de la deuda soberana.
“Seguimos avanzando de manera ordenada en la hoja de ruta para el proceso de reestructuración de la deuda soberana. Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales”, afirmó.
El funcionario también explicó que continúan afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, “incorporando el impacto económico de los terremotos”.
Ortega indicó que la recuperación de Venezuela “sería más difícil” sin la movilización de nuevos financiamientos, por lo que consideró necesario avanzar en la normalización progresiva de las relaciones del país con los socios financieros internacionales.
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