Javier Tarazona propone nueva Ley de Amnistía y un fondo para resarcir a los presos políticos

Considera el presidente de Fundaredes que la Ley de Amnistía aprobada en febrero no resolvió los problemas de persecución política, porque todavía hay presos políticos, y que un nuevo texto legislativo debe garantizar la libertad plena

Foto: EFE

Javier Tarazona, presidente de la organización no gubernamental Fundaredes, propuso este martes 25 de agosto la redacción de una nueva Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos en el país, luego de considerar que la actual es excluyente, al tiempo que planteó la creación de un fondo para resarcir los daños que han sufrido estos detenidos.

“Hay en este momento miles de víctimas de todo este proceso político venezolano que no están siendo, en primer lugar, asistidas, mucho menos reparadas”, señaló, desde el Palacio de Justicia, en Caracas, después de que fuera diferida su audiencia de juicio por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

Tarazona estuvo preso durante más de cuatro años y salió en libertad condicional en febrero pasado, cuando la Asamblea Nacional (AN) aprobó una Ley de Amnistía que a él le negaron en marzo.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

A su juicio, la Ley de Amnistía aprobada en febrero no resolvió los problemas de persecución política, porque todavía hay detenidos por razones políticas.

Un nuevo texto legislativo, prosiguió, debe garantizar la libertad plena de todos los presos políticos.

Tarazona dijo que el plan del fondo nacional busca que los presos políticos y sus familias puedan resolver los problemas causados con estas detenciones, entre ellos, los largos traslados que deben hacer para asistir a los tribunales o para hacer las visitas en las cárceles.

Por su parte, el exdiputado opositor Williams Dávila, quien también estuvo detenido por razones políticas y recibió la amnistía en marzo pasado, señaló que es una obligación jurídica y moral del Estado resarcir los daños de las personas que han sido víctimas de persecución y encarcelamiento.

“No se trata de una simple compensación económica, sino de un proceso de restitución integral de la dignidad de la persona humana y al mismo tiempo, del rescate de los proyectos de vida que han sido destruidos por este encarcelamiento”, añadió.

Fuente: EFE

 

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