Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles 23 de septiembre “reforzar” la respuesta a las personas afectadas por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio.
La organización hizo un llamado urgente para garantizar una recuperación enfocada en los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, tras alertar que la atención estatal presenta retrasos, falta de coordinación y un manejo opaco en la publicación de datos oficiales.
“A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en la página web de la organización.
El organismo señaló que los sismos causaron la muerte de 6.509 personas y dejaron 60.785 viviendas evaluadas, de las cuales 11.001 sufrieron clasificación de alto riesgo y 17.345 quedaron totalmente destruidas hasta el corte del 5 de julio.
Pese a la magnitud del impacto, la oenegé denunció la ausencia de datos oficiales sobre personas desaparecidas y la falta de desglose de cifras por sexo, edad o ubicación, lo que imposibilita la atención adecuada de poblaciones vulnerables como niños, mujeres, personas mayores y con discapacidad.
Tras realizar 21 entrevistas a sobrevivientes en Caracas y La Guaira entre el 23 de julio y el 14 de agosto, AI documentó que la respuesta pública inicial resultó tardía e ineficiente, obligando a familiares y vecinos a remover escombros con herramientas improvisadas.
De igual manera, cuestionó que el despliegue militar y policial se priorizara hacia labores de control territorial y vigilancia en lugar de la búsqueda activa de víctimas.
La investigación evidenció discrepancias profundas en los registros oficiales y la existencia de morgues improvisadas, como la del sector Los Silos en el puerto de La Guaira.
En estas instalaciones, los allegados enfrentan procedimientos poco claros, revisiones de fotografías de cuerpos desfigurados en tabletas digitales, inspección directa de restos en bolsas e incineraciones colectivas que generan desconfianza e incertidumbre, todo ello sin acompañamiento psicológico institucional.
“Mis niños siguen sin aparecer. Yo tengo mucha fe de que a los niños se los llevaron a otro refugio, a otro estado, que están vivos; en ningún momento han dicho que van a prestar ayuda para buscar, no, en ningún momento”, relató una de las personas afectadas a AI.
Incertidumbre habitacional
En materia habitacional y de subsistencia, la organización constató opacidad en la asignación de ayuda a través del Sistema Patria y falta de certeza sobre plazos para soluciones permanentes.
A su vez, denunció que la aplicación de la “Ley anti-ONG” y exigencias gubernamentales obstaculizan el acceso directo de las organizaciones de la sociedad civil a los refugios temporales y bloquean la captación de cooperación internacional para prestar auxilio.
Ante este contexto, Amnistía Internacional exhortó al Gobierno nacional a publicar información transparente y desglosada, crear un registro único de víctimas, establecer un plan oficial de reconstrucción y derogar la legislación que frena la labor de las oenegés.
“Si bien los terremotos son una tragedia inevitable, las violaciones a derechos humanos derivadas de ellos sí son prevenibles. Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos de todas las personas afectadas”, concluyó Piquer.
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