Organizaciones exigen derogación y no reforma de la Ley contra el Odio

El SNTP, el CNP, Espacio Público y Provea argumentan que, aunque eliminar las penas de cárcel es un avance, la norma mantiene mecanismos severos de censura y persecución contra la libertad de expresión

Foto: Agencias

Organizaciones nacionales exigieron este martes 29 de septiembre que la ley contra el odio, señalada como parte de un “marco legal represivo” contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo, sea derogada en lugar de reformada, como solicitó Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional (AN).

“Seguimos exigiendo la derogación”, expresó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en la red social X, en la que señaló que la norma “no solo penaliza la expresión, también permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos”.

Para el SNTP, eliminar las penas de prisión “sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten” esas otras sanciones.

Por tanto, consideró que la revisión “debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura”.

“Una reforma limitada a la despenalización dejaría vigentes restricciones muy graves para la libertad de prensa y de expresión”, sostuvo.

En una carta que difundió este martes, Rodríguez explicó que la solicitada reforma tiene como objetivo “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la ley y que forma parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática”.

El Colegio Nacional de Periodistas indicó en X que la ley debe ser derogada por su “carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión”.

La oenegé Espacio Público también exigió su “derogación inmediata”, al indicar que la ley “utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo”.

El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, recordó que su organización no gubernamental ha solicitado “la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos”, lo que incluye la ley contra el odio.

“Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación”, expresó el activista.

Fuente: EFE

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