Registran 118 adolescentes acusados por delitos de odio entre 2024 y 2025

El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló este miércoles que “no es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la Lopnna"

Foto: Captura de pantalla

Unos 118 adolescentes fueron imputados entre 2024 y 2025 en el país por delitos previstos en la Ley contra el odio, en un período marcado por la crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro como presidente, indicó Cecodap, organización no gubernamental dedicada a la protección de los niños.

“No es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente)”, subrayó este lunes 5 de octubre en su cuenta de X el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.

El pronunciamiento del activista se da luego de que Delcy Rodríguez solicitó la semana pasada una reforma de la referida ley.

Sin embargo, varias oenegés y partidos políticos han exigido más bien su derogación al considerar que viola la libertad de expresión y es un instrumento de persecución contra opositores.

“Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión”, apuntó Trapani.

Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley, en 2017, según datos difundidos el pasado miércoles 30 de septiembre el Foro Penal.

La Lopnna fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo a la Asamblea Nacional (AN) mayoritariamente opositora, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y oenegés, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

Fuente: EFE

 

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