La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del estado Zulia (Fedecámaras Zulia) rechazó este lunes 5 de octubre el mecanismo de recaudación implementado por la Alcaldía de Maracaibo a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), el Instituto Municipal del Aseo Urbano (Imau) y demás entes locales.
La respuesta gremial surge tras las declaraciones de Marilene Huerta, intendente del Sedemat, quien reveló que más de 8.000 contribuyentes, equivalentes a más del 50 % de la base de datos municipal, se encuentran en condición de morosidad.
Ante estos datos, Paúl Márquez, presidente del organismo empresarial, aclaró en una rueda de prensa que el sector no se opone al pago de los tributos, sino al procedimiento con el que la municipalidad pretende cobrarlos.
“Lo que rechazamos es un método de cobro que desconoce las ordenanzas, crea deudas que no existían, impide declarar y pagar correctamente y trata como evasores a quienes, pese a las dificultades económicas, mantienen sus puertas abiertas y sostienen el empleo en Maracaibo”, indicó el gremialista al leer un comunicado institucional.
Fedecámaras Zulia atribuyó la supuesta irregularidad fiscal a las fallas de la plataforma digital del Sistema de Gestión y Administración Tributaria (Sigat), la cual, según Márquez, condiciona trámites al Seniat, altera historiales, imputa abonos a tributos no seleccionados, genera saldos retroactivos e impide pagos progresivos al indexarlos al euro.
“Una plataforma tecnológica es una herramienta al servicio de la ley, no un sustituto de ella”, enfatiza el escrito leído por Márquez, al tiempo que acotó que no buscan eliminar la herramienta, sino corregirla “para que funcione al 100 %”.
Fiscalización y estigmatizaciones
Fedecámaras Zulia también rechazó las fiscalizaciones acompañadas por Polimaracaibo, el Cuerpo de Bomberos y Seguridad Ciudadana, así como la exposición pública de nombres comerciales.
“Consideramos inaceptable la estigmatización del sector productivo y la exposición pública de empresas sin que medie un procedimiento administrativo concluido con decisión firme. La fiscalización es una potestad legítima, pero debe ejercerse conforme a la ley (…) y no mediante despliegues con cuerpos de seguridad que generan temor”, precisa el comunicado.
Márquez agregó que han expuesto a muchas empresas en los últimos meses y exigió frenar estas medidas. “Lo que queremos es que este tipo de cosas no sigan pasando definitivamente”.
Damiana Villalobos, primera vicepresidenta de Fedecámaras Zulia, cuestionó los cobros sin asidero legal, como la aplicación retroactiva del Impuesto sobre Publicidad a locales sin avisos, y el cálculo del gas y el aseo por metros cuadrados, sin evaluar si el negocio es arrendatario o su nivel de actividad real.
Para solucionar el conflicto, Villalobos planteó la necesidad de reformar las ordenanzas municipales para adaptar los tributos a la capacidad real del contribuyente. En materia de Actividades Económicas, propuso alícuotas proporcionales a la venta.
“En cuanto a las ordenanzas que tienen una carga tributaria para el empresariado del municipio de Maracaibo, la primera es la ordenanza de actividades económicas, que nosotros decimos vamos a modificar esas alícuotas que pechan al empresariado de Maracaibo por una fórmula para pagar, que todos pagamos, pero a medida que vayamos facturando, pues el monto a pagar vaya disminuyendo en porcentaje”, explicó.
En cuanto a servicios públicos, sugirió bandas de trabajo para el aseo urbano en reemplazo de la tarifa por metro cuadrado, que alcanza hasta 3.000 dólares mensuales por comercio, y una tasa única de 7,5 dólares para el gas.
“Si vamos a mantenerlo, lo mantenemos todos, Ciudadanos y Comercio, entonces la misma tasa, 7,5 dólares por Comercio o por Ciudadanos”, indicó en conversación con el Diario La Verdad.
Sobre la publicidad, pidió eliminar cobros retroactivos y facturar desde la colocación del aviso. “Queremos seguir pagando impuestos, pero con respecto a la capacidad del contribuyente”, concluyó.
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