La opinión pública internacional en nada favorece a la imagen de un país estable. Venezuela luce como un país conducido por un hombre incapaz, con el 80 por ciento de rechazo
El desconocimiento de los otros poderes por cada rama del poder público lleva en forma galopante a una conclusión: el Estado venezolano va en vías de desintegrarse. El Ejecutivo no reconoce al Legislativo, este no reconoce al Judicial. El principio de la separación de los poderes, como uno de los fundamentos del régimen democrático, no existe. El mandatario entrega el poder de hecho a una cúpula militar y amarra a sus decisiones al Poder Judicial.
La crisis económica de PDVSA, que administra el principal producto de exportación de Venezuela que es el petróleo, confirma esta percepción. La empresa acusa una caída de producción y volumen de exportación. Además paga la deuda con China por la cual debe suministrar al gigante asiático 579 barriles diarios de petróleo y cubrir los acuerdos en materia de cooperación energética. Asume también la pesada carga de suministro a los países de Petrocaribe y el Alba y a pesar de dotar a Cuba de casi 100 mil barriles de petróleo diarios, el país de los Castro paga mediante acuerdos de compensación. Venezuela les paga a los 28 mil cubanos que están en el país en varias áreas 14 mil dólares mensuales a cada uno. Esto sumó en el 2015 1593,9 millones de dólares.
A esta disgregación se suma el grave desprestigio de la institución militar, la reducción del pueblo como actor a sujeto al que no se le permite opinar electoralmente, la creciente corrupción del poder establecido, una nación fatigada por la carencia de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, tenemos que concluir que Venezuela está al borde del precipicio.
La crisis alcanza incluso a una parte de la oposición donde algunos más que líderes son agitadores de oficio, donde la opinión política de la sociedad civil es no apreciada por los partidos políticos, con un centralismo voraz para el cual la provincia venezolana es un rebaño, estamos ante un país quebrado institucionalmente.
La ciencia política recomienda, que en tales circunstancias la reinstitucionalidad de un país pasa por el hallazgo de un líder que más que sustentado en el poder económico o en las gorras militares, sea la expresión de un consenso nacional.
La Iglesia católica en Venezuela posee credenciales para ser la institución que convoque un verdadero diálogo, donde los actores principales no sean expresidentes extranjeros y donde el Gobierno no se atribuya ser la voz del pueblo.
Venezuela necesita una decisión urgente sobre su futuro. Como bien decía Benjamín Franklin, “la peor decisión es la indecisión”. La opinión pública internacional en nada favorece a la imagen de un país estable. Venezuela luce como un país conducido por un hombre incapaz, con el 80 por ciento de rechazo. Con una institución militar desprestigiada y con una economía sin planificación y claros objetivos. Día que tardemos en colocar al país con una nueva legalidad y en manos de un hombre con escuela política para reinventar el Estado venezolano, es tiempo en contra de nosotros mismos.