Claudia Jatar: “La vida de mi papá está en peligro”

El comunicador social lo detuvieron por publicar el video en el cacerolearon al presidente Maduro. (Foto: Archivo)

“La vida de mi papá está en peligro. Su salud se está deteriorando. Está perdiendo la vista porque no tiene luz. Se la pasa sudando todo el día por el calor y eso es un riesgo por su hipertensión", dijo Claudia Jatar, hija de Braulio Jatar, director de Reporte Confidencial

Hizo público el video del cacerolazo al presidente Nicolás Maduro en el poblado de Villa Rosa, estado Nueva Esparta, sin imaginarse que después de esto pasaría por una de las peores experiencias de su vida: La cárcel. Lo señalan de legitimación de capitales, pero sus familiares y abogados insisten en que la defensa de la libertad de expresión lo agregó a la lista de los detenidos del “régimen” del sucesor de Hugo Chávez. El Foro Penal Venezolano (FPV) lo ratifica. A sus 58 años, Braulio Jatar Alonso, director de Reporte Confidencial, es considerado un preso político y cumple tres meses en prisión.

“Él siempre ha sido de los que luchan por denunciar las cosas que están mal. No le importa si es el Gobierno o la oposición. Lo detuvieron justamente después de que publicara ese video. Salió en todas las redes sociales. El mundo se enteró del rechazo que hay hacia Maduro. La mejor forma de compensar esto era entregándolo. Él es un trofeo de Carlos Mata Figueroa (gobernador de Nueva Esparta) y de Nicolás Maduro”, declaró Claudia Jatar, hija del comunicador, en entrevista con La Verdad, a través de la cual recalcó que no es la primera vez que persiguen a su padre. En el 2014 le allanaron su casa. Para ese entonces, transmitían las protestas estudiantiles.

Al periodista y abogado, de nacionalidad chilena, lo arrestó el Sebin el pasado 3 de septiembre. De las más de 30 personas que aprehendieron tras el cacerolazo en Villa Rosa, él es el único que permanece tras las rejas. A tres meses de su arresto, está en el Internado Judicial de Cumaná. La hipertensión severa que sufre desde hace años se ve empeorada con las condiciones de su detención.

Está encerrado en una celda de aproximadamente 3x4, sin luz natural y con hasta más de 40 grados de temperatura, motivo por el cual presenta cuadros de deshidratación. Solo lo dejan salir una vez al día por 30 minutos. No le permiten el ingreso de libros ni de páginas en blanco. No le autorizaron visitas, sino 56 días después de su aprehensión. Hoy  solo le admiten una visita y una llamada telefónica al mes. La única que puede visitarlo dos veces mensuales es su esposa, Silvia Martínez, por su condición de compañera conyugal.

Bajó más de 20 kilos. Tiene el cabello rapado y el uniforme celeste lo hace ver como un interno ya sentenciado, cuando a la fecha, no le han hecho su primera audiencia preliminar.

“La vida de mi papá está en peligro. Su salud se está deteriorando. Está perdiendo la vista porque no tiene luz. Se la pasa sudando todo el día por el calor y eso es un riesgo por su hipertensión. No entiendo cómo hasta para dejarle pasar un libro hay que esperar un permiso de Caracas. Está incomunicado. Mi mamá lo pudo visitar a los 56 días de estar preso; yo a los 71 días. No es justo que mis hermanos mayores no puedan verlo. No dejan que lo visiten varones. A mi padre no lo golpean, lo que le tienen es una tortura psicológica con el aislamiento. Lo peor para él es estar apartado de su familia”, expresó Claudia.

El caso lo lleva el Tribunal Segundo de Control de Margarita. Desde el 7 de noviembre esperan una respuesta de la jueza ante la solicitud de atención médica para él. Su esposa le lleva las medicinas, pero en la penitenciaría, le dan aspirinas, lo que está contraindicado.

Irregularidades legales

Diomedes Potentini, abogado defensor, precisó a La Verdad que a Jatar nunca le encontraron la cantidad de dinero por la cual lo acusaban. Tampoco se comprobó una conexión ilícita de la presunta procedencia de este capital. No ubicaron a los dos testigos de la contraparte. Acentuó que nunca debieron hacer la acusación, sino hacer un sobre seguimiento. “No corroboraron ningún delito. Este es un caso político, no jurídico”, dijo a este medio de comunicación.

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