Las violaciones de la Constitución y la conspiración contra el Poder Legislativo del actual gobierno de Maduro y el TSJ incurren en un crimen de lesa humanidad
Quienes administran dineros públicos no deberían molestarse si le piden cuentas. Es un derecho y un deber constitucional de los ciudadanos ser celosos de la administración de los bienes de la nación. Un gobernante de honor no evade sus responsabilidades ni ha de sentirse afrentado si el pueblo le pide memorias y cuentas. Estas, se hacen más imperiosas y necesarias si es acusado por delitos o retardo en el cumplimiento de funciones propias a su investidura. Si se siente afrentado o difamado, su reputada conciencia lo impulsa a demostrar, de manera denodada y fehaciente, su inocencia. Ese es su núcleo ético, su deber moral. Su acto, en lugar de conferirle honor y valentía, lo descalifica, ante la opinión pública, con epítetos poco honrosos. Pues, jamás ha de convertir a sus acusadores en víctimas.
No tratemos de imitar los hechos históricos que azotan a la Venezuela desde el siglo XIX al presente. Pues ante tantas virtudes de los héroes de la patria, están los antihéroes que la manchan y rebosan de miserias humanas. Los excesos y crímenes de José Tadeo Monagas, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre otros tantos, refieren que no han sido superados ni los temores de Calcas ni los arrebatos vengativos de rey Agamenón. La ira y la venganza del presidente Maduro y de sus gobernadores, mantienen a centenares de presos políticos y miles de perseguidos por hacer política. Los venezolanos no pueden permitir que se siga gobernando con represión, presos ni crímenes políticos, menos con excesos policiales, corrupción e impunidad. Las violaciones de la Constitución y la conspiración contra el Poder Legislativo del actual gobierno de Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia incurren en un crimen de lesa humanidad, y por tanto, de leso derecho. “La política -como lo apunta Carlos Fuentes- tiene que ser un ejercicio diario de derechos y vigilancias”.
El diálogo es para exigir cumplimiento de la Constitución. Si los razonadores del Gobierno y oposición se comprometen cumplirla, el diálogo tendrá resultados positivos. Y con ello, urgen cambios de la agenda político-económica, la excarcelación de presos políticos, el cese de represión y de la violación de los DDHH. El pueblo rechaza el vampirismo político y el actual exceso de poder. La crisis política-económica tiene en jaque mate al rey, su acción termina aquí. Hay que entender que el tablero (el país) y las piezas (la población) exigen un nuevo juego político.