El sistema judicial del país presenta un alarmante 98 por ciento de crímenes sin ser castigados. Solo una de cada seis víctimas denuncia el delito que sufrió. Apenas cinco de cada 100 crímenes son sancionados por las autoridades
Con un total de 28 mil 479 homicidios en 2016 y un incremento de 1,8 por ciento en la tasa de muertes violentas de ese año en comparación al 2015, Venezuela es el segundo país más violento del mundo, después de El Salvador, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia.
Y es que por cada 100 delitos que se cometen, 95 no son castigados, lo cual refleja una tasa de impunidad del 98 por ciento. Así lo denunció, el 7 de febrero, Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por Zulia, en un mitin sobre seguridad en la parroquia Olegario Villalobos de Maracaibo.
El OVV estima que la tasa de homicidios en el país al cierre de 2016 fue de 91,8 por ciento por cada 100 mil habitantes, característica que convierte a Caracas en una ciudad 14 veces más violenta que Sao Paulo, 10 veces más que Bogotá y 15 veces más que Ciudad de México.
Este contexto de criminalidad rampante en el que las transgresiones no son sancionadas por la justicia obedece al hermetismo social y a la falta de capacidad logística del Estado.
De cada seis víctimas, solo una denuncia la vejación en su contra. Al no haber colaboración por parte de la ciudadanía en pro de informar a los cuerpos de seguridad sobre la delictividad que sufren, no se genera el impulso necesario para que el proceso judicial determine responsabilidades y culpas sobre el acusado, señaló Morly Uzcátegui, abogado penalista, en entrevista con La Verdad.
Los ínfimos sueldos, la falta de valores éticos, la baja calidad de infraestructura para el hacinamiento y el consumismo incentivan a los funcionarios policiales a caer en la corrupción para obtener una mejor calidad de vida, por lo cual también existe la impunidad, debido a que la gente no cree en la autoridad ni en la justicia, indicó Jesús Vergara, jurista y criminólogo.
Un gran bache en el sistema judicial, ambos abogados coinciden al señalar ese problema como la principal causa de la impunidad en el país. Aún existen 14 tribunales de control en Zulia, los mismos que fueron creados el 1 de julio de 1999. Estas instancias han otorgado medidas cautelares de dos años de prisión a acusados sin ser enjuiciados, afirma Vergara.
Fallas sistémicas
Los vínculos del crimen organizado con instancias judiciales son un flagelo que se atañe al fenómeno de la impunidad. “Las mafias criminales tienen tentáculos. En 2012, estas influían en los jueces escabinos y les pagaban para que no enfundaran pruebas de culpabilidad”, asegura Vergara.
El sistema penitenciario también juega un papel clave. Al ser clausurada en 2013 la cárcel de Sabaneta, mejor conocida como el retén de El Marite, cuatro mil imputados por delitos cometidos en Zulia fueron trasladados a otros centros penitenciarios y quedaron diseminados por el territorio nacional en los penales de Trujillo, Uribana, Tocorón y la Penitenciaría General de Venezuela, en Guárico.
El robo y el hurto de vehículos, a diario, son los delitos que resultan más impunes, incluso en mayor grado que el homicidio, la extorsión y el secuestro, señala el penalista Uzcátegui. “Las víctimas se preocupan más por recuperar sus vehículos pagando rescates que por interponer la denuncia ante los organismos de seguridad”.
Soluciones
En el caso zuliano, Vergara propone que el Tribunal Supremo de Justicia nombre más jueces y cree más tribunales en la región. “Apenas crearon recientemente un solo tribunal para delitos menores de ocho años”, reclamó.
Con el objetivo de erradicar la impunidad del país y de la región, Uzcátegui plantea que sean eliminados los jueces de control. Aduce que estos privan de libertad a los acusados sin tener conocimiento alguno de la investigación previa debido a que, según el COPP, no pueden recibir ni leer las actas de imputación, solo las actas de los procedimientos policiales que llevaron a su detención.
Otra medida contra esta agravante pasa porque se reforme el Código Penal, específicamente la formación de los medios de pruebas, así como el respeto a los derechos y las garantías del procesado, expresan los legistas.
En 2016 se registró un total de cinco millones de casos por violencia contra mujeres. Solo 539 mil de ellas presentaron sus denuncias. Apenas el 10 por ciento de esas acusaciones conllevaron a las condenas de los agresores, según datos expuestos por el abogado.
“Otro problema es que hay jueces que avalan las actas de imputaciones sin ni siquiera leerlas, esto ocasiona que haya casos en los que después de dos años preso y sin derecho a juicio, se demuestre la inocencia del acusado”, reclama el jurista.
La responsabilidad del Estado
“Les preguntas a los fiscales del Ministerio Público sobre el proceso legal de algún acusado, y no saben dónde está engavetada la causa”, comenta Uzcátegui.
Manifiesta que el Gobierno debe hacer un gasto relevante en promover campañas comunicacionales que conciencien a la gente sobre las consecuencias de cometer un delito. “Hace falta una política de concienciación y prevención del delito. Estos quedan engavetados porque los cuerpos policiales no están preparados para tantos crímenes”, argumentó.