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El próximo 16 de marzo, Venezuela participará en la tercera etapa del 2do Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En esta ocasión, el Estado venezolano tendrá que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.
El 2do Ciclo del EPU inició en abril del 2015 con la preparación y envío de informes por parte del Estado, los órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos, las agencias de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil nacional e internacional. En noviembre se celebró la Sesión de Examen en el Consejo de Derechos Humanos donde 102 países hicieron 274 recomendaciones al Estado, 85%más que en el Primer Ciclo del EPU efectuado en 2011.
El próximo 16 de marzo se celebrará la sesión final de adopción, en la cual el Estado deberá hacer pública su disposición a aceptarlas recomendaciones recibidas de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes como miembro de las Naciones Unidas y parte de los tratados internacionales de derechos humanos.
Esta sesión constituye una oportunidad para que el Estado venezolano asuma su compromiso con la comunidad internacional en la ejecución de medidas recomendadas para corregir sus políticas y resolver de manera urgente los severos daños a los derechos humanos de la población y demostrar así su clara intención de cooperar en este sentido, con el sistema de protección de las Naciones Unidas, incluyendo permitir la asistencia humanitaria.
Durante la jornada, el Estado contará con 20 minutos para exponer su informe de adopción, señalando las recomendaciones que acepta o anota, explicando sus razones a los demás Estados y también a los propios venezolanos, ante quienes es responsable del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Dentro de los objetivos de esta sesión dirigidos también a la evaluación de los resultados del EPU, incluyendo la respuesta del Estado a las recomendaciones, es el momento durante el cual todas las partes interesadas tienen derecho de palabra, específicamente los Estados examinadores y la sociedad civil.
El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, como representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos acreditada en el país por Naciones Unidas, no podrá ejercer este derecho debido a que la Defensoría fue rebajada a categoría B por “no hablar alto y fuerte” frente a los casos de violación de derechos humanos en el país.
El EPU es una evaluación en derechos humanos de carácter cooperativo a cargo del Consejo de Derechos Humanos conformado por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas. Este mecanismo fue creado en el 2006. La primera vez que Venezuela fue evaluada, en octubre del 2011, recibió 148 recomendaciones de 47 países, de las cuales aceptó 97 y rechazó 51.