Los diputados emplazan a la Fiscalía General a iniciar las investigaciones penales en contra de los jueces para declarar las faltas graves. Los acuerdos aprobados condenan la violencia sistemática del orden constitucional
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron ayer la activación del proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por tener “responsabilidad en la ruptura del orden constitucional” del país al haber asumido sus competencias en las sentencias 155 y 156. También aprobaron el acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y la permanencia de un golpe de Estado en Venezuela.
Tras el debate, en el que participó la bancada del chavismo, los opositores aprobaron el acuerdo de “la activación del procedimiento de la remoción de los magistrados y magistradas del TSJ por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional”, pese a la negativa de la minoría oficialista parlamentaria.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus, que presentó la propuesta, aclaró que con el debate de ayer no se producía la remoción de los magistrados sino que se iniciaba este proceso, para el que, según la Constitución, se requiere el aval del Poder Ciudadano -que debe calificar de falta grave la acción de los magistrados- y que ha negado hasta el momento la ruptura del orden constitucional por parte del Supremo.
En el debate, los diputados aprobaron emplazar al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General a tramitar la solicitud que afirmó que los diputados presentaron ante ambos organismos el pasado 31 de marzo, y un documento complementario que presentarán en los próximos días, sobre la calificación de faltas graves de los magistrados.
Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez, por ser “autores materiales del golpe de Estado”, según dijo Matheus.
Sigue el golpe
Julio Borges, presidente de la AN, expresó que en Venezuela no hay Estado de derecho. “El Gobierno pretende hacer ver que el Parlamento está en contra de la Constitución, se acostumbraron durante 18 años a usurpar las instituciones democráticas. Se aferran al poder con las instituciones y la gente lo que quiere es votar. Necesitamos un TSJ sólido para levantar la democracia que todos queremos”.
Henry Ramos Allup recalcó que el Gobierno con el respaldo del Alto Mando Militar y los colectivos violentos perpetran un “autogolpe continuado”. Señaló que las acciones que atentan contra la AN no iniciaron con las sentencias de la Sala Constitucional; sino que comenzaron con la designación de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015, después de que la MUD lograra la mayoría en las elecciones parlamentarias.
Simón Calzadilla, parlamentario de Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), recordó que el estado Amazonas no tiene representación en el Parlamento debido a que el TSJ exigió su remoción, por lo que el 18 de abril los indígenas de ese estado acudirán al TSJ y a la Defensoría del Pueblo para exigir el juicio penal de los magistrados.
El diputado Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, manifestó que los diputados de la bancada de la patria de 25 sesiones realizadas por el Parlamento este año, solamente participaron en tres. “Solo vienen cuando ven que su permanencia en el poder está amenazada y no cuando se discuten los problemas del país, el hambre, inseguridad, los problemas de la gente”.