Estudiantes, músicos, deportistas, soñadores de una mejor Venezuela. La mayoría de los fallecidos eran muchachos que no pasaban de los 30 años
Asesinados. Un total de 87 venezolanos murieron en estos 100 días de manifestaciones contra el Gobierno nacional. De este número, 45 eran jóvenes de entre 15 y 24 años, es decir 52 por ciento y 17 víctimas se agrupan entre los 25 y los 30 años. La mayoría cayó en protesta y en reclamo para vivir en un país de oportunidades. Estudiantes, músicos, poetas, deportistas, soñadores. Todos coincidían en un mismo anhelo: Una Venezuela democrática y libre.
El uso de armas de fuego acabó con la vida de 63 víctimas, unas se atribuyen presuntamente a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como a funcionarios de las policías regionales de Carabobo, Táchira, Anzoátegui y Bolívar, otras a los llamados grupos colectivos. Cuatro fallecieron arrollados por conductores que no midieron su cólera ante las barricadas y el resto por impactos de metras o esferas metálicas. Uno, golpeado por una bomba lacrimógena.
Con 21 casos, Caracas es la zona con más muertes. Le siguen Barinas, Miranda y Lara. Las cuatro víctimas de Zulia fueron en Maracaibo, tres fallecieron por arrollamiento y uno por el impacto de una metra. Este fue el caso de Adrián Duque en las Torres del Saladillo. Pero en el estado, el que mayor conmoción causó fue el de Paúl René Moreno Camacho, el joven de Cruz Verde que antes de morir salvó vidas.
En los últimos hechos destacan casos de disparos a quemarropa por parte de la GNB. Videos lo constatan como lo ocurrido a David Vallenilla, de 22 años, el estudiante de Enfermería que asesinaron el pasado 22 de junio de un disparo. Un funcionario lo apuntó a escasos metros. “Eso es un vil asesinato. Cada vez arrecia la violación sistemática de derechos humanos. Los uniformados deben respetar el derecho a la protesta pacífica”, dijo la abogada Elenis Rodríguez, directora de la Fundación de Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci), quien indicó que es irregular el uso de armas de fuego contra los manifestantes, así como el “ensañamiento” al apuntar con las bombas lacrimógenas hacia sus cuerpos.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, subrayó que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios debe ser proporcional a la amenaza, lo que no predomina en la mayoría de los casos.