Ricardo Villalobos, coordinador nacional de Investigación de Aula Abierta, presentó el informe y evidenció la problemática actual de las universidades en Venezuela, la cual está sujeta a una serie represalias y restricciones por parte del Estado que atentan incesantemente derechos humanos inherentes al sector universitario, tales como la libertad académica y la autonomía universitaria
El Observatorio de Derechos Universitarios, la organización Aula Abierta con la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y otros centros de derechos universitarios en Venezuela, presentó a la comunidad zuliana los hallazgos más importantes encontrados durante el periodo septiembre 2017- abril 2018.
Ricardo Villalobos, coordinador nacional de Investigación de Aula Abierta, presentó el informe y evidenció la problemática actual de las universidades en Venezuela, la cual está sujeta a una serie represalias y restricciones por parte del Estado que atentan incesantemente derechos humanos inherentes al sector universitario, tales como la libertad académica y la autonomía universitaria.
Los hallazgos más resaltantes obtenidos por el Observatorio de Derechos Universitarios, Villalobos disertó sobre alarmante deserción estudiantil y profesoral que envuelve a las universidades en Venezuela. La Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Oriente tienen la cifra más alarmante de deserción con una estimación de un 50 por ciento. En esta línea, la Universidad de Carabobo y la Universidad de Los Andes estiman entre un 30 y 40 por ciento, mientras que la Universidad del Zulia estima en un 30 por ciento la deserción de sus estudiantes. Los profesores abandonan las aulas de clases, algunas universidades como la Universidad Central de Venezuela, estiman la fuga de talento profesoral entre un 30 y 50 por ciento.
“Las causas de este fenómeno son de distinto tipo, la realidad venezolana se encuentra marcada por una profunda crisis económica, política y social a la cual se le debe sumar la crisis presupuestaria que denuncia las distintas casas de estudios superior públicas, las cuales afirman recibir entre un 20 y un 30 por ciento del presupuesto requerido al Ministerio de Educación Superior, lo cual produce que los servicios estudiantiles como el comedor, el transporte e inclusos providencias (programas de subsidio) sean prácticamente nulos, lo que deja a la población estudiantil universitaria desamparada”.
El profesor puntualizó el asedio constante que emprendió el Poder Judicial venezolano contra las universidades. Desde el año 2010 se registran más de 43 decisiones que vulneran directamente el contenido de la libertad académica, la autonomía universitaria y por consecuencia el derecho a una educación de calidad.
Denunció la criminalización de la protesta, represión y persecución contra universitarios donde destacó que al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente en el 2017 por diversos motivos desde la publicación de ideas críticas en contra de las políticas del gobierno, hasta la participación en protestas. Además, recalcó que por lo menos 21 estudiantes universitarios fueron asesinados durante las protestas entre abril y julio del 2017, y al menos 339 estudiantes resultaron detenidos arbitrariamente en el mismo periodo siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y privados de libertad.