La precariedad de los servicios básicos en el país fue lo que hizo que las protestas plenaran las calles del país. Hubo 11 fallecidos en todo el país
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 927 protestas en abril de 2018, equivalente a un promedio de 31 manifestaciones diarias. Esta cifra representa un incremento de 25 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Una evidencia de la profundización del colapso en Venezuela.
De este grupo, el 89 por ciento de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 11 por ciento para exigir derechos civiles y políticos.
De las 927 protestas documentadas en abril, 395 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad representó el 43 por ciento del total registrado. Estos datos se consiguen en el informe del Observatorio.
Precariedad en servicios básicos
Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda. Los cortes de energía eléctrica afectaron el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.
De las 927 protestas registradas, al menos 338 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos. Un promedio de 11 protestas diarias.
Las constantes fallas en la distribución de gas doméstico han generado descontento en hogares venezolanos, siendo las ciudades y poblados del interior los más afectados. Las personas se ven obligadas a implementar antiguas técnicas para la preparación de las comidas, y a cambiar sus hábitos alimenticios para adecuarse a las condiciones de vida actuales (menos gas, menos electricidad y menos alimentos).
Adicionalmente, cada vez son más las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua potable, que se ha visto afectado en innumerables comunidades, por presuntas fallas en las tuberías, generando el cobro excesivo por parte de camiones cisternas, incremento sin control sanitario de los negocios que venden botellones de agua potable, aumento de enfermedades, paralización de clases, servicios médicos y otras vicisitudes.
En este contexto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad quiere llamar la atención de las autoridades para que se atiendan las demandas básicas de los venezolanos, sobre todo cuando las empresas prestadoras de los servicios de agua, luz y gas son administradas por el Estado.
El artículo 156 de la Constitución establece que es competencia del Poder Público el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
Persiste la inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria siguió tomando espacio en los hogares venezolanos, reinando el desabastecimiento, escasez y carestía de productos.
De las 927 protestas registradas de abril, 91 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria. Un promedio aproximado de tres protestas diarias por alimentos.
Aunque el número de protestas es menor al registrado a comienzos del año, la crisis persiste. El poder adquisitivo del salario no permite cubrir las necesidades básicas, producto de la hiperinflación que vive el país. Algunas familias han cambiado su patrón de consumo, eliminando alguna de las comidas diarias o dosificando las cantidades. En otros casos, ha incrementado la dependencia de las bolsas de alimentos comercializadas por los CLAP.
Se mantienen largas colas frente a supermercados para la adquisición de productos cada vez menos regulados, porque se ha detectado su incremento de precio de forma sistemática.
En lo laboral
El OVCS documentó 337 protestas laborales en abril, equivalente a 36 por ciento del total de movilizaciones documentadas. En lo que va de año se registran mil 45 en todo el país.
Esto es una evidencia que, a pesar de cualquier incentivo, ajuste salarial o anuncios de mejoras de beneficios contractuales, los trabajadores siguen padeciendo una crisis que no les permite disfrutar de una mejor calidad de vida.
Otro de los problemas tiene que ver con la existencia de una alta rotación del talento humano, que provoca que no se especialicen en un área determinada o abandonen sus puestos buscando mejores opciones socioeconómicas. Algunos trabajadores, también, tienen múltiples fuentes de ingreso dentro de la economía informal.
Las principales quejas se enfocan en la caída del poder del adquisitivo, falta de materia prima en las empresas donde se desempeñan para incrementar la producción y más recientemente la afectación del servicio de transporte.
Con el ajuste de salario mínimo en abril, el tercero en lo que va de año y el número 22 en cinco años de gestión de Nicolás Maduro, que llevó al denominado salario integral a Bs 2.555.500, los trabajadores lo calificaron como un “golpe al bolsillo”, porque lejos de mejorar su capacidad adquisitiva, aceleró la inflación.
Si bien el ajuste del salario integral de más del 95 por ciento ha sido el ajuste más alto decretado en términos porcentuales en la última década, en valores numéricos suma apenas 85 mil 183 bolívares diarios.
Por fallas en la salud
La falta de medicinas, implementos quirúrgicos, remuneración al personal médico, deficiencia en infraestructuras hospitalarias e inseguridad personal continuaron movilizando a médicos, enfermos y familiares.
El número de protestas documentadas alcanzó a 156 casos.
La exigencia común es la cooperación humanitaria, en aras de garantizar un sistema de salud digno y eficiente, que permita prevenir epidemias y padecimientos al tiempo de aliviar dolencias y complicaciones de pacientes crónicos. La falta de medicamentos, o su aparición con altos costos, vulneran el derecho a la salud de los venezolanos.
Represión y muerte en manifestaciones
El 23 de abril de 2018 fue asesinado el adolescente Anderson Luis Oliveros Núñez (15) durante una protesta nocturna en rechazo a los apagones en Maracaibo, estado Zulia. Los familiares informaron a los medios de comunicación que el niño no participaba en la manifestación y era transeúnte.
En los primeros cuatro meses de 2018 fueron asesinadas 11 personas en el contexto de manifestaciones. El 100 por ciento de los hechos ocurrió en protestas para exigir DESCA.
La respuesta a las manifestaciones por hambre ha sido la represión y muerte. Ocho de las 11 muertes ocurrieron en protestas para exigir alimentos y tres para exigir servicios básicos.
Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres y dos menores de edad.
10 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una con un objeto contundente (piedra). Familiares y testigos denuncian a civiles armados como responsables de al menos siete de las muertes.
La creciente represión en protestas que reivindican los derechos sociales y económicos son un indicador más del creciente colapso en Venezuela, porque el gobierno está trasladando el sistema de represión que usaba fundamentalmente contra protestas políticas de oposición a la protesta social, donde tradicionalmente se encontraba su base de apoyo electoral.