El panel de expertos independientes exhortó al Secretario General de la OEA que remita la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro
El pasado 29 de mayo fue publicado un informe por un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.
El informe cuenta con dos partes, la primera parte fue redactada por la Secretaría General de la OEA, incluye material de testigos que comparecieron durante las audiencias públicas organizadas en septiembre, octubre y noviembre de 2017, así como todo el material recopilado de la sociedad civil organizada en Venezuela y organizaciones intergubernamentales. La segunda parte del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, y en ella se presenta una evaluación jurídica de la información recopilada, un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes, así como sus conclusiones y recomendaciones.
El informe identifica 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos, 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015, más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013, más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno. Además, Identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
El informe enfatiza la situación lamentable ocurrida en contra de los universitarios en Venezuela: grupo de expertos hacen alusión a denuncias realizadas por Aula Abierta, organización que en los últimos años se encuentra documentando violaciones de derechos humanos en el ámbito universitario en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.
En el capítulo denominado “ENCARCELACIÓN O PRIVACIÓN GRAVE DE LA LIBERTAD COMO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”, el informe destaca información suministrada por Aula Abierta donde se puede evidenciar que durante las protestas de 2017, al menos 17 profesores universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad. (Véase en pág. 151 del informe OEA).
De igual forma, el informe resalta que al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos y encarcelados arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad (Véase en pág. 153 del informe OEA). Adicionalmente, el informe destaca el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia en conjunto con Aula Abierta sobre la documentación de práctica de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra universitarios (Véase en citas 649, 651, 653, 656, 837, 839 del informe OEA).
El panel de expertos exhortó al Secretario General de la OEA a que remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Además, instaron al Secretario General a invitar a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en el informe presentado, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.
Es importante señalar, que ni el Panel ni la Secretaría General de la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones sobre el terreno en el territorio en cuestión para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas. Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
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