En Colombia se está “incubando un nuevo conflicto”

En Colombia se está “incubando un nuevo conflicto” armado pese a la reducción general de los indicadores de violencia, ese es el SOS lanzado este miércoles por la Fundación Paz y Reconciliación

En Colombia se está “incubando un nuevo conflicto” armado pese a la reducción general de los indicadores de violencia, ese es el SOS lanzado este miércoles por la Fundación Paz y Reconciliación.

En la presentación del informe “La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, el director de la Fundación, León Valencia, alertó de la necesidad de detener a los grupos armados que hay en el país golpeándolos “discriminadamente y de manera inteligente”.

Además, propuso que también se les plantee la posibilidad de abrir “caminos de sometimiento a la justicia” o de una salida negociada a su violencia.

Según explicó, en este momento “hay unos leños prendidos” en Colombia a los que considera que Duque, que cumplió un año de gobierno el pasado 7 de agosto, “le está echando gasolina” en lugar de agua, puesto que “no los está tratando para minimizarlos”.

El primero de esos focos lo constituyen las disidencias de las FARC, tanto “la política como la armada”.

La primera la conformaron los exguerrilleros que no se acogieron al proceso de paz mientras que la segunda la lideran varios antiguos líderes como “Iván Márquez” o “Jesús Santrich” que se encuentran actualmente en paradero desconocido y que han dejado de lado el proceso de paz.

“Si se juntan esas dos (disidencias) el incendio crece porque les dan un fundamento político a una gente que está en el narcotráfico y la delincuencia común”, destacó Valencia después de advertir que si esa alianza se fragua podría renacer una nueva guerrilla el año próximo.

El segundo foco lo constituye la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las negociaciones de paz con ese grupo están oficialmente suspendidas aunque se consideran rotas desde que en enero mataron en Bogotá a 22 cadetes de Policía en un atentado contra la Escuela Francisco de Paula Santander.

En opinión de Valencia, los diálogos se rompieron sin que el Gobierno tuviera “un plan B real par confrontar al ELN” y desde entonces “no le han hecho nada” a esa guerrilla, de la que él mismo formó parte hace más de tres décadas.

Además, “se está expandiendo y está obteniendo más dinero” mientras cuenta con un “apoyo importante de los sectores de las fuerzas militares en el otro lado de la frontera de Venezuela”, por lo que pueden cruzar la línea limítrofe con toda facilidad.

A esos dos grupos se suma el Clan del Golfo, principal banda heredera del paramilitarismo, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos intentó un proceso de negociación para someterse a la justicia y que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En ese momento, dentro del grupo había “una confrontación interna enorme”, pero ahora “se ha recompuesto el Clan del Golfo” y “se cortó toda posibilidad de sometimiento a la justicia”, añadió.

“Esta fuerza ha logrado recomponer su conducción, su retaguardia en (las regiones de) Urabá y Córdoba y está expendiéndose por muchos sitios mediante la fórmula de ‘outsorcing’ que es pactar con otros grupos locales”, aseguró Valencia.

Además, han conformado alianzas que suponen “un factor perturbador” con los carteles mexicanos, lo que constituye “un coctel explosivo enorme”.

Finalmente, Valencia subrayó que existe en este momento otro “leño ardiendo” que es Venezuela y “la tensión tan enorme” con su gobierno.

“El presidente Duque se ha empeñado en el derrocamiento de (el presidente Nicolás) Maduro y (…) le ha liberado las manos para intervenir en Colombia”, aseguró el analista que considera que el gobernante está actuando “en los factores de violencia colombianos”.

“En este momento Maduro no tiene ningún detente frente al Gobierno colombiano. Lo único que le detiene frente a actuar más con los actores de violencia es una intervención de EEUU, que venga con el pretexto de que está ayudando a terroristas”, subrayó.

Por otra parte, el subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, explicó que en este momento de los 281 municipios priorizados para el posconflicto, 123 “tienen un componente criminal”.

En ellos, lo que más les preocupa es la expansión de los grupos nacidos como disidencias de las FARC que cuentan con unos mil  800 exguerrilleros de nuevo en armas y que se encontraban en un proceso de “bandolerización”.

Detalló que en algunas regiones la reducción de los índices de violencia se debe a que había una guerra abierta entre varios grupos y actualmente uno de los dos ganó o ambos llegaron a un acuerdo.

Como combustible de los grupos armados, Ávila destacó que en este momento la cocaína tiene precios muy altos tanto en Europa como en EEUU.

La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia se frenó en 2018 pero la cifra de hectáreas sembradas sigue en máximos históricos pese a que pasó de 171 mil en 2017 a 169 mil el año pasado, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

Además, los precios del oro han crecido, con lo que la minería ilegal que dominan estos grupos cobra todavía más importancia y “la tragedia ambiental que se avecina es impresionante”, puesto que quienes extraen el oro lo hacen contaminando los ríos y destruyendo ecosistemas.

La Fundación destaca en su informe su preocupación ante la falta de “efectividad de las fuerzas militares porque no hay comando” y su “parálisis producto del escándalo del posible regreso” de los llamados “falsos positivos”, nombre con el que se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate.