El empresario venezolano Samark López Bello y Tarek El Aissami fueron señalados como “narcotraficantes” y de presuntamente estar involucrados en lavado de dinero
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos anuló la sentencia, emitida por el juez federal Robert N. Scola en 2020, de incautar los bienes del empresario venezolano Samark López Bello, señalado como presunto testaferro del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para pagar 318 millones de dólares a unos exrehenes estadounidenses de las Farc.
El portal state.gov recuerda que, tanto López Bello como El Aissami, fueron catalogados como “narcotraficantes” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 13 de febrero de 2017 y se apunta que el empresario está ligado al lavado de dinero.
Alegan que desde 2017, López Bello coordinó con personas y ciudadanos en territorio estadounidense para fletar vuelos privados usados por el mismo El Aissami y otros altos funcionarios de la administración Maduro para viajar por EEUU, Venezuela y países como República Dominicana, Rusia y Turquía.
Fue acusado en la Corte de Nueva York por presuntamente violar las sanciones que congelaron su considerable riqueza en los EEUU, incluidos yates, aviones, bienes raíces de lujo en Miami y una cuenta de Citibank que tiene 269 millones de dólares acreditados.
La defensa de López argumentó que el Gobierno de EEUU y los demandantes nunca presentaron pruebas que vinculen a su cliente con el ya extinto grupo insurgente.
Esto, junto al testimonio del exfiscal Dick Gregorie, que logró la detención de muchos narcotraficantes y al expresidente panameño Manuel Antonio Noriega, logró convencer al panel del tribunal de apelaciones y devolver el caso a la corte inferior, refiere Associated Press.
El fallo destaca además que los bienes de Samark López solo pueden ser desembolsados a los excontratistas estadounidenses si un jurado determina que existe una relación entre el empresario venezolano y la extinta Farc.
Los abogados de Samark López demandaron el 30 de junio de 2021 al Departamento del Tesoro de EEUU, alegando que su cliente era víctima de una falsa campaña en su contra que lo pone como un capo del narcotráfico.
Los tres estadounidenses trabajaban para la empresa contratista Northrop Grumman y junto al piloto Tom Janis, fueron capturados en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2003, cuando su avión fue derribado durante un vuelto que monitoreaba el tráfico de drogas. El conductor aéreo fue asesinado por los rebeldes luego de que el aparato se estrelló.
Fuente: Tal Cual
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