Un grupo de obreros sidoristas asegura que el Gobierno ha implementado una política de terror para reprimir la disidencia política, que implica la pérdida de sus trabajos y ser amedrentados por cuerpos de seguridad del Estado
Un grupo de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) presentó una acusación formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), órgano defensor de los derechos humanos globales, por crímenes de lesa humanidad alegando que las políticas de Estado aplicadas por la empresa atentan contra sus derechos humanos.
En este sentido, los afectados solicitan a la institución que se reanude la investigación de la situación del país, debido a que desde 2018 existe un caso abierto sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante las manifestaciones de 2014 y 2017.
En noviembre de 2021, el fiscal de la CPI abrió formalmente una investigación de Venezuela fundamentándose en crímenes como tortura, violencia sexual, persecución por motivos políticos, entre otros delitos. Sin embargo, el Gobierno venezolano solicitó su derecho de autonomía y resolución de casos dentro de su territorio, y exigió el aplazamiento de la averiguación alegando que se está aplicando justicia en los diferentes casos.
En el marco de esta situación, los obreros Carlos Ramírez, César Soto, Yelitza Carrión, Jean Carlos Franco, Luis Arriojas y Cruz Hernández solicitan a la CPI la reanudación de la investigación, ya que los seis alegan ser víctimas de las políticas del Estado venezolano que aplica violencia laboral y persecución sindical.
Denuncian los empleados
La causa está bajo la asesoría del abogado Edwin Sambrano Vidal, representante legal de Unidad en la Coincidencia, agrupación laboral de la cual los seis obreros son miembros.
En su denuncia, los empleados plantean que César Soto, Luis Arriojas y Jean Carlos Franco “por motivos políticos y siendo parte del sindicato de la empresa fueron separados de sus puestos de trabajo, siendo todos ellos trabajadores críticos de la forma en la que el Gobierno destruyó las fuentes de empleo y precarizó los salarios de los trabajadores de la empresa”.
En enero de 2023, los sidoristas desarrollaron una protesta multitudinaria en la avenida de Los Trabajadores, arteria vial que conecta Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, para reclamar por los malos salarios y la pérdida de beneficios laborales. La manifestación duró 5 días.
En la actualidad la Gobernación de Bolívar trabaja con el Ministerio del Proceso Social del Trabajo para intentar solventar la crisis laboral que han desatado los múltiples reclamos laborales en el estado Bolívar.
En su solicitud los denunciantes señalan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de amedrentar a César Soto y Jean Franco en sus residencias.
Víctimas directas del Estado
En septiembre de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, sobre la República Bolivariana de Venezuela, señaló a la DGCIM como un organismo represivo utilizado por el Estado venezolano para amedrentar y torturar a la disidencia política.
Los trabajadores Yelitza Carrión, Carlos Ramírez y Cruz Hernández manifiestan ser víctimas directas de la estatal, la cual les separó sin ningún tipo de justificación de sus puestos laborales y les dejó de pagar sus salarios. Los obreros contaban con trayectorias de más de 30 años en Sidor.
Los seis afectados explican que han introducido denuncias en múltiples instituciones de defensa laboral, cuya competencia es la defensa de los trabajadores, pero acusan al “silencio administrativo” como responsable de que sus casos permanezcan sin dirimir.
“Realizamos esta denuncia, aunque nuestras vidas corran peligro. Es una denuncia que hay que hacer cueste lo que cueste. Sentimos temor de represalias hacia nuestros familiares”, afirmaron los obreros al finalizar su solicitud de apoyo ante la CPI.
Carlos Ramírez declaró que responsabilizan directamente a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Néstor Astudillo, presidente de Sidor y a directores de diferentes áreas administrativas de la compañía, de la situación de despojo e indefensión en la que se encuentran actualmente, en la cual peligra su seguridad física, alimentaria y social.
Fuente: Correo del Caroní
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diciembre 9, 2024
