La oenegé de Centros Comunitarios de Aprendizajes computó que en el 2022, la cifra aumentó a un 225 % comparado al año anterior que fue de 13,11 %
El riesgo de violaciones a la integridad personal física y psicológica de los niños se incrementó durante 2022, según datos de la oenegé de Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap), que este martes presentó su informe anual en el que refiere, también, vulneraciones de los derechos a la familia y a la educación.
"El derecho a la integridad física, integridad psicológica, el derecho a la familia y el derecho a la educación son los tres principales derechos vulnerados que hemos identificado", dijo el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, durante la presentación del estudio.
De acuerdo con el informe, que se basa en solicitudes recibidas por el Servicio de Atención Jurídica que presta la organización, durante 2022 aumentó un 73 % el número de casos que implican violaciones a la integridad de los niños y adolescentes, con 106 solicitudes, en comparación con el período 2021-2022, cuando se registraron 61 peticiones de este tipo.
"Se evidenció que la violación a la integridad personal es el derecho más susceptible a vulneración. Además, se observa un contexto de mucha adversidad no solo para los padres, madres y cuidadores, sino también para las escuelas. Lamentablemente, no se disponen de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia en estos ámbitos", refirió Cecodap en el informe.
En este sentido, apuntó que en 2022 "el acoso escolar, el abuso sexual y el maltrato infantil fueron las principales razones de consulta" en su Servicio de Atención Jurídica.
Al respecto, Trapani alertó de "un incremento significativo en situaciones de acoso escolar", y dijo que en 2021 se computaron un 13,11 % de casos de este tipo, mientras que, en 2022, la cifra aumentó a un 225 %.
Ante el "alarmante aumento" de solicitudes de protección de menores, la organización recomendó al Estado diseñar e implementar políticas públicas que "promuevan, difundan y garanticen los derechos", así como "fortalecer" la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que protegen a este sector.
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