Los planes de seguridad diseñados por el Gobierno en los últimos 16 años, no han dado los frutos esperados y siguen muriendo ciudadanos inocentes
Para dar inicio a este artículo, hago una cita textual de la intervención de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, celebrada recientemente en Ginebra, Suiza, en cuanto a la actuación activa de Venezuela ante la defensa de los Derechos Humanos: “En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia”.
El Artículo 55 de la Constitución de nuestra República consagra que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Pero no es menos cierto que los planes de seguridad diseñados por el Gobierno en los últimos 16 años, no han dado los frutos esperados y siguen muriendo ciudadanos inocentes por causa de la delincuencia, sobre la cual el Estado no tiene el control. Esto nos pone a los venezolanos en una condición de vulnerabilidad e indefensión, cuando el Estado se muestra incapaz de garantizarnos el derecho más preciado, invalorable e insustituible, como lo es el derecho a la vida.
La gran cantidad de homicidios causados por la delincuencia en Venezuela afecta no solamente la parte emocional de los familiares de las víctimas, sino que causa también grandes estragos económicos, ya que cada familia debe asumir los gastos funerarios por la muerte de un pariente, o cuando es el caso de un herido de gravedad que implica gastos de hospitalización, cirugía, recuperación, gastos de medicamentos y de terapias de rehabilitación física en muchos de los casos.
Propongo que los ciudadanos nos activemos para constituir un comité de víctimas de la delincuencia, elaborando un anteproyecto de Ley de Indemnización a Víctimas de la Delincuencia, para que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a las víctimas, mediante el resarcimiento, reparación de daños e indemnización, ya que muchas personas que mueren a manos del hampa son padres y madres de familia sostenes de hogar, que dejan a sus hijos desamparados económicamente.
Esta propuesta legislativa se debe amarrar al quinto vértice de la misión A Toda Vida Venezuela, el cual establece la creación de un Sistema Nacional de Atención Integral a víctimas de la violencia. Pero esto se planteó en dicha misión y no paso más allá de ser letra muerta.